Pago de gastos escolares del hijo realizados directamente por el progenitor alimentante: posibilidad de reembolso en ejecución de sentencia

La cuestión que nos plantea en este Foro Abierto nuestro dire...

La cuestión que nos plantea en este Foro Abierto nuestro director -pago a terceros por el progenitor no custodio, en sustitución del custodio, de los gastos de escolaridad de los hijos que este último viene obligado a satisfacer directamente al centro docente, acreedor de los mismos no es infrecuente en la práctica.

Puede producirse tal eventualidad por circunstancias diversas. Unas veces por la mera desidia o descuido del progenitor custodio -v.gr. por no dotar la cuenta bancaria con los fondos necesarios para atender el pago de los recibos domiciliados-, otras por la negativa del mismo a satisfacer al Colegio o Institución de Enseñanza los gastos de escolaridad -por entender, por ejemplo, que no debe hacerlo al considerar exigua la pensión alimenticia que recibe y considerar que debe abonar tales gastos el progenitor no custodio y otras porque carece efectivamente de recursos suficientes para, con sus propios ingresos y la pensión alimenticia que percibe, atender el pago de tales gastos de escolaridad después de cubrir el resto de las necesidades alimenticias del menor más perentorias y de pago inexcusable e inaplazable para la subsistencia de los hijos, como la manutención en sentido estricto, la ropa, el calzado y los gastos y suministros de la casa en que habitan.

En todos los casos, la actuación del progenitor no custodio al abonar al centro de enseñanza de los hijos la cuota de escolaridad u otros gastos escolares de los mismos, no es sino un pago hecho por persona distinta del deudor, por cuenta de este, es decir, el pago por cuenta de un tercero, hecho con el conocimiento y aprobación del deudor o desconociéndolo este último. Ello atrae al caso la aplicación de lo dispuesto en los arts. 1158 y 1159 CC -EDL 1889/1-, relativos al pago o cumplimiento de las obligaciones.

Para el caso que nos ocupa, el art. 1158, párrafo 2º CC establece que

No hay duda, por tanto, de que el tercero que ha pagado, en este caso el progenitor no custodio, tiene derecho al reembolso de las cantidades satisfechas al tercero por cuenta del custodio cuando, además del pago de los gastos escolares, ha abonado asimismo la pensión alimenticia establecida. Y, en la disyuntiva entre reclamar el reembolso de tales cantidades a través de una demanda ejecutiva en el seno de la propia ejecución de sentencia de la que trae causa la obligación de pago de aquellos gastos, u obligar al alimentante que paga tales gastos por cuenta del custodio a acudir a otro juzgado y procedimiento para reclamar su pago, me inclino por la primera por las razones siguientes:

1ª Si bien es cierto que cuando el reembolso de tales pagos se reclama a la contraparte a través de demanda ejecutiva, el despacho de ejecución no es en sentido estricto y literal conforme con la naturaleza y contenido del título ejecutivo, que sólo impone al progenitor no custodio la obligación de pago de una pensión alimenticia al custodio, pero no contiene pronunciamiento alguno de condena al pago de los gastos de escolaridad al tercero por parte del no custodio en sustitución del obligado, no lo es menos que, en las relaciones jurídicas establecidas entre el tercero acreedor, el centro docente, y las partes del proceso, los progenitores, la obligación de pago de los gastos de escolaridad de los hijos se configura como una obligación solidaria de la que son codeudores ambos progenitores, pues al tercero no le vincula ni afecta la sentencia matrimonial que obliga al progenitor custodio a satisfacer las cuotas de escolaridad. En consecuencia, siendo ambos progenitores codeudores solidarios de tal obligación han de entrar en juego las previsiones contenidas en el art. 1145 CC y, por tanto, es factible que el progenitor custodio que paga los gastos de escolaridad reclame al custodio el reembolso, no de la mitad de lo pagado, sino de la totalidad, porque, según la sentencia que se ejecuta, el pago íntegro de los gastos de escolaridad corresponde al progenitor custodio.

2ª Teniendo en cuenta que la obligación de pago de los gastos de escolaridad al centro educativo en que los hijos cursen estudios, que pesa sobre el progenitor custodio, es una obligación pecuniaria de la que es acreedor un tercero, y no la contraparte, en caso de incumplimiento de la misma por el obligado, el progenitor custodio, la ejecución ha de consistir en requerir al obligado para que, en el plazo que al efecto se le conceda, verifique el pago al tercero -ya que se trata de un hacer no personalísimo consistente en pagar una cantidad a un tercero-, con apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en el plazo al efecto concedido, se autorizará al ejecutante a verificarlo a costa del ejecutado, lo que lleva a concluir que, después de hacer el pago el ejecutante, podría reclamar el reembolso al ejecutado en la propia ejecución, pues entonces sí habría título ejecutivo para ello, conforme a lo dispuesto en el art. 706.1, párr. 2º LEC -EDL 2000/77463-. De modo que, siendo ese el resultado de una eventual ejecución por incumplimiento, en caso de impago por el custodio, el pago por el no custodio de la cuota de escolaridad de forma anticipada a la pretensión de ejecución supone en realidad una simplificación y acortamiento de los trámites de la ejecución, que, por razones de economía procesal, debe admitirse.

3ª El hecho de que en caso de impago de las cuotas de escolaridad del menor por parte del progenitor custodio al centro educativo, tal incumplimiento pueda dar lugar, en caso de persistir, a la expulsión del alumno del centro educativo, la cual supondría un claro perjuicio para el menor, inmerso en un claro riesgo de quedar desescolarizado un lapso de tiempo desde la expulsión hasta que fuera admitido en otro centro escolar, una interpretación de lo establecido en el art. 18.2 LOPJ -EDL 1985/8754 en relación con el art. 551.1 LEC, favorable a la mejor defensa del interés del menor, en los términos establecidos en el art. 2 de la Ley orgánica de protección jurídica del menor -EDL-, debe llevar a admitir que, en la propia ejecución, el progenitor que afronta el pago de las cuotas de escolaridad pueda reclamar a través de demanda ejecutiva el reembolso de lo satisfecho en sustitución del obligado.

En suma, mi opinión es favorable a que el progenitor no custodio que procede a abonar los gastos de escolaridad de los hijos comunes en sustitución del custodio que no los paga, pueda reclamar, en vía de regreso, esos pagos escolares mediante una demanda ejecutiva en el seno de la ejecución de la propia resolución judicial.

Otra forma de solucionar problemas como el expuesto consiste en dar autorización judicial al progenitor no custodio, a petición de este en ejecución, para que abone los recibos de escolaridad directamente al Colegio, deduciendo su importe de la pensión que debe satisfacer, si la pensión es superior a la cuantía de los recibos mensuales de escolaridad o, si fuere inferior, hasta donde alcance, tal como en mi propio juzgado he tenido ocasión de acordar en varias ocasiones.

Hay que fijar que los gastos escolares tienen la condición de...

Hay que fijar que los gastos escolares tienen la condición de ordinarios, ya que están incluidos en este concepto por conocerse al dictar la sentencia. Son gastos previsibles que debieron tenerse en cuenta a la hora de fijar la pensión alimenticia. La cuestión es que si estos gastos están incluidos en el importe de la pensión alimenticia que se ha satisfecho por el obligado al pago, y, además de ese pago el obligado paga aparte los gastos escolares está pagando dos veces por un mismo concepto, pero no podría utilizar el procedimiento ejecutivo en el mismo procedimiento, porque este está fijado para los incumplimientos del obligado, no si este cumple, pero paga cuestiones que ya ha pagado o corresponden al progenitor que se queda con los hijos. Por ello, si quiere repetir el obligado al pago de alimentos contra quien está con los menores por pagos que debió hacer este/a al recibir antes el dinero pero no pagar los gastos, la vía para hacerlo debe serlo por la segunda opción que plantea la acertada pregunta, es decir, ha de formalizarse a través del procedimiento independiente que corresponda al no ser conforme con la naturaleza y contenido del título ejecutivo, que sólo contiene la obligación alimenticia de una parte, pero no pronunciamiento de condena o de pago inverso alguno para la otra.

Señala la AP Málaga, Sección 6ª, en sentencia 1005/2021, de 20 de julio -EDJ 771456 que:

&ldquoEl concepto de gasto de naturaleza extraordinaria es distinto, en su vertiente jurídica, al de los alimentos ordinarios a que se refieren los artículos 142 y siguientes del Código Civil, en relación con los artículos 90 y 91 del mismo Texto, habida cuenta que los de naturaleza extraordinaria no responden a todo lo que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentista, sino que alcanzan a otras prestaciones, teniendo esta Sala reiterado -entre otros, Autos 310/2009 y 44/2013-, que el concepto "gasto extraordinario" no puede comprender más que los que tengan naturaleza imprevisible, lo que excedan de lo previsible, natural o común, los no repetitivos, habituales o diarios, es decir, los que surgen de manera aislada, esporádica o poco habitual, o lo que es lo mismo en palabras del Real Diccionario de la Lengua Española aquellos que quedan "fuera del orden o regla natural o común", indicando que es gasto extraordinario "el añadido al presupuesto normal de una persona, una familia, etc.", por lo que, en términos generales, puede entenderse que los gastos extraordinarios en la vida de los hijos son aquellos que no tienen periodicidad prefijada, al dimanar de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística, de tal modo que los mismos pueden surgir o no, precisando la diferenciación sustancial entre el gasto que sea "superfluo" del "necesario", pues así como en estos no cabe formalizar por el deudor oposición basada en falta de consentimiento previo, dicha circunstancia no es predicable de los, en primer término, denominados "superfluos", que pueden quedar dilatados en su realización a la prestación del oportuno consentimiento del progenitor no custodio, de manera que puede afirmarse que un gasto por ser mensual no significa que tenga la consideración de ordinario, del mismo modo que el que lo sea anual tampoco implica su condición de extraordinario, sin que, por tanto, la consideración de ordinario o extraordinario se hace depender del tiempo de su devengo, sino de otras circunstancias diversas, por lo que cabe afirmar que el concepto de gasto extraordinario es sinónimo de alimentos en sentido amplio, y más concretamente, de alimentos a favor de los hijos y con cargo a sus progenitores, pero concurriendo en ellos las notas de "no habitualidad" y de "imprevisibilidad".

Así las cosas, regla general es que estos gastos que se consideran extraordinarios se consensuen previamente a su devengo por ambos progenitores a fin de que cada uno de ellos pueda opinar sobre su conveniencia o su cuantía y, a falta de acuerdo, que sea autorizado judicialmente, ya que de no ser así se produciría manifiesta vulneración de lo prevenido en el art. 1256 CC -EDL 1889/1-, impidiendo al cotitular de la patria potestad participar en decisiones importantes sobre la formación, salud, ocio, etc. de sus hijos, aunque bien, excepcionalmente, en evitación de que se causen perjuicios irreparables a aquellos, lo que contraviene el art. 158 CC, y, en general, el principio "", los gastos inaplazables y, por ende, que no toleren demora sin grave riesgo o daño para éstos, pueden ser autorizados judicialmente "a posteriori", debiendo actuar los progenitores en todo caso sobre una base de transparencia y buena fe, pudiendo sentarse como premisas esenciales a los fines debatidos, que -i el carácter de gasto extraordinario no puede dejarse al arbitrio de uno solo de los progenitores, -ii que no puede dejarse su determinación exclusivamente al progenitor custodio, y -iii que no puede impedirse la realización del gasto en caso de urgencia o necesidad por la oposición del otro progenitor, debiendo llegarse a un equilibrio en beneficio de los hijos. Esto es, contra la reclamación de los gastos extraordinarios al progenitor que no haya realizado el desembolso no podrá prosperar la falta del previo consentimiento como oposición, siempre y cuando el gasto esté suficientemente justificado por la necesidad de su realización.

El comportamiento civilizado que debe inspirar las relaciones paterno filiales y el beneficio de los hijos que deben procurar los padres, impone que cualquier gasto relevante respecto de un hijo se consensue previamente entre los padres, afirmación que hemos de matizar en función de la urgencia del gasto. Si su devengo no es inmediato, es necesario que, suscitada la necesidad del gasto, se comunique de forma fehaciente al otro progenitor para que éste pueda consentirlo en un plazo razonable si es un gasto urgente, una vez devengado, habrá de comunicarse al otro progenitor para que, bien lo consienta o formule su oposición que habrá de ser resuelta por decisión judicial, que habrá de valorar y determinar si resulta acreditada la urgencia, en cuyo caso el otro progenitor debe contribuir al pago, en tanto que si no se prueba la urgencia, deberá asumir el pago el progenitor que unilateralmente decidió llevarlo a cabo. Lo que no cabe en modo alguno es que uno de los progenitores se arrogue la facultad de decidir unilateralmente si un determinado gasto es extraordinario, necesario o superfluo y en su caso urgente y de necesaria atención. Los gastos de naturaleza extraordinaria, se caracterizan, como reitera la jurisprudencia imperante en la materia, porque no tienen periodicidad prefijada, en cuanto que dimanan de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística, de tal modo que los mismos pueden o no surgir, habiendo, además de ser vinculados a necesidades que han cubrirse económicamente de modo ineludible, en orden al cuidado, desarrollo y formación en todos los órdenes del alimentista, y ello en contraposición al concepto de lo superfluo o secundario, de lo que, obviamente, puede prescindirse sin menoscabo para el alimentista. A la vista de estas consideraciones, debemos tener en cuenta, insistimos, que el objeto litigioso sometido a la consideración de la alzada es determinar si el gasto en la segunda instancia controvertido, el de residencia universitaria, tiene naturaleza extraordinaria, naturaleza que deniega la resolución recurrida, frente al que se alza la parte apelante.

El art. 142 CC define los alimentos estableciendo que se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica y que los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

En dicho precepto no se establece la distinción entre gastos ordinarios y extraordinarios. Sin embargo, la distinción que se hace doctrinal y judicialmente entre gastos ordinarios y extraordinarios, y la propia referencia a estos últimos en la LEC en el art. 776.4 -EDL 2000/77463 llevan a tener que distinguir entre los gastos ordinarios, incluidos en la pensión periódica de alimentos, y los gastos extraordinarios.

Esta es la interpretación que puede deducirse de la STS 15 de octubre de 2014 -EDJ 221133-, que tras recordar algunos conceptos sobre la obligación legal de alimentar a los hijos menores, que va más allá de la solidaridad entre parientes a que se refiere el Título VI del Libro I CC, y mencionar el art. 93 CC, que dispone que el Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y a las necesidades de los hijos en cada momento, y citar igualmente los arts. 142 y 143 CC, disposiciones legales que estima la citada sentencia suficientes para que los padres contribuyeran al pago de lo necesario para la alimentación y educación de sus hijos argumenta que, no obstante lo cual, el legislador establece en el art. 154 que la patria potestad comprende, en lo que aquí importa, el deber de alimentar a los hijos, educarlos y procurarles una formación integral. Y el art. 110 establece el mismo deber, aunque no ostenten la patria potestad.

Continúa la mencionada sentencia del TS señalando que la expresión pensión alimenticia se utiliza para designar la contribución del progenitor no custodio, en cumplimiento de la obligación legal, al pago de los gastos causados por la alimentación de los hijos en toda la extensión del término: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción.

Y, en aplicación de lo expuesto, resolviendo la cuestión planteada en el caso concreto, concluye que los gastos causados al comienzo del curso escolar -que era la controversia suscitada de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos.

Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos -lo periódico no es solo lo mensual y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto siendo la obvia consecuencia según nuestro Alto Tribunal, que son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes. Y establecido lo anterior, y en lo que importa a este caso, señala el TS que son gastos extraordinarios los que reúnen características bien diferentes a las propias de los gastos ordinarios. Son imprevisibles, no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos.

La sentencia del TS 500/2017, de 13 de septiembre -EDJ 184861 señala que la sentencia 579/2014, de 15 de octubre -EDJ 221133 sentó doctrina al respecto en los siguientes términos:

"1. Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos -lo periódico no es solo lo mensual y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto.

2. La consecuencia es obvia: son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes.

3. Establecido lo anterior, son gastos extraordinarios los que reúnen características bien diferentes a las propias de los gastos ordinarios. Son imprevisibles, no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos."

La anterior doctrina vino a ser aplicada por la sentencia 557/2016, de 21 de septiembre -EDJ 157700-, que, en aplicación de ella, declaró que "los gastos escolares deben entenderse como ordinarios e integrados en el concepto de alimentos, por lo que a la hora de computar éstos los operadores jurídicos deberán tener en cuenta el prorrateo de los gastos de inicio del curso escolar".

La anterior doctrina vino a ser aplicada por la sentencia 557/2016, de 21 de septiembre -EDJ 157700-, que, en aplicación de ella, declaró que

Con ello, si son abonados por el obligado al pago aparte del pago de los alimentos está pagando dos veces el concepto y podría reclamarlos, pero en demanda aparte, no en la vía ejecutiva, porque no puede utilizar el procedimiento que se inició para fijar alimentos para ejercer el derecho de repetición.

En principio, entiendo que, si uno de los progenitores estuviese obliga...

En principio, entiendo que, si uno de los progenitores estuviese obligado al pago del colegio, al estar percibiendo una pensión alimenticia destinada a dicho fin, el pagador, ante el incumplimiento del receptor, podría realizar el pago directo del colegio y luego proceder a su reclamación en ejecución de Sentencia.

No obstante, considero que sería necesario que hubiese un incumplimiento por parte del progenitor receptor de la pensión alimenticia, puesto que, si se satisface dicho pago voluntariamente, se podría entender que hay una asunción voluntaria, y tengo ciertas dudas que se pudiese compensar y, por tanto, reclamar en ejecución de sentencia.

Esta cuestión en realidad también se plantea en innumerables ocasiones cuando, después de haberse dictado el auto de medidas y recoger en su parte dispositiva que se obliga a una de las partes al pago de una prestación alimenticia desde el momento de la interposición de la demanda y se ha satisfecho por el pagador de la prestación los colegios íntegramente, entiendo que sería perfectamente compensables dichos pagos a los efectos de reducir la prestación alimenticia a la que obligue el auto de medidas, concedido por tanto efectos retroactivos a tenor de lo que establece el art. 148 CC -EDL 1889/1-.

Hemos de recordar la ya antigua sentencia del TS de 26 de marzo de 2014 -EDJ 42773-, en la que se establece que cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte, y será solo la primera Resolución que fije la pensión de alimentos, la que podrá imponer el pago desde la fecha de interposición de la demanda, porque hasta esa fecha, no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente.

Para que pueda despacharse la ejecución es necesario contar c...

Para que pueda despacharse la ejecución es necesario contar con un título ejecutivo que contenga el pronunciamiento que, ante el incumplimiento de la otra parte, se pretende ejecutar.

En el caso que se somete al foro parece desprenderse que la sentencia no contempla la posibilidad de reintegro al progenitor que ha abonado los gastos de enseñanza cuando estaban incluidos dentro de la pensión alimenticia que percibía el otro progenitor. Por tanto, no conteniendo la Sentencia este pronunciamiento no cabe la posibilidad de presentar una demanda de ejecución para reclamar al otro progenitor el pago de los recibos del colegio.

En alguna ocasión se ha pretendido compensar la cantidad abonada por el progenitor no custodio en concepto de gastos de enseñanza con la cantidad que se le reclama por el otro progenitor por pensiones no abonadas. El criterio mayoritario entre las audiencias provinciales es no admitir esta compensación. En este sentido se han pronunciado, la AP Barcelona Sec.12, en su Auto de 11 de noviembre de 2020 -EDJ 729603 la AP A Coruña Sec. 6, en su Auto de 28 de junio de 2019 la AP Barcelona Sec.18, en su Auto de 14 de mayo de 2012 y la AP Madrid Sec.22, en su Auto de 8 de febrero de 2008 -EDJ 28772-.

Aunque se trata de un criterio minoritario, también debemos mencionar que otras resoluciones de Audiencias Provinciales sí permiten compensar los pagos del colegio realizados por el progenitor no custodio cuando los gastos de enseñanza están incluidos en la pensión ordinaria. Así la AP Madrid Sec.24, en su Auto de 20 de noviembre de 2006 -EDJ 389725 indicó que &rdquo. Y, por su parte, la AP Valladolid Sec.3, en su Auto de 5 de febrero de 2004 resolvió

Pues bien, el progenitor que ha abonado los gastos de enseñanza cuando estaban incluidos en la pensión alimenticia ordinaria, tendrá que ejercitar la acción prevista en el art. 1158 CC -EDL 1889/1 -&ldquo&rdquo-, acción que deberá ejercitar a través del juicio declarativo ordinario que por cuantía corresponda.

Otro problema añadido es determinar qué juzgado será competente. ¿El juzgado de Familia o un Juzgado de 1.ª Instancia ordinario? Como la acción del art. 1158 CC no está incluida dentro de las competencias que el RD 1322/1981, de 3 de julio -EDL-, atribuye a los juzgados de Familia &rdquo-, el competente será un Juzgado de 1.ª Instancia ordinario, dado que no consideramos que resulte de aplicación lo establecido en el art. 61 LEC -EDL 2000/77463 -&ldquo&rdquo-, ya que prima la competencia objetiva antes que la funcional.

Se trata de una cuestión que nunca se me ha planteado en la p...

Se trata de una cuestión que nunca se me ha planteado en la práctica de manera exacta ni en la opción inicial -reclamación directa de reembolso de gastos escolares vía ejecución de título judicial que fija la pensión de alimentos ni en la opción alternativa -reclamación en proceso independiente a la ejecución de título judicial y sin tan solo a través del cauce de la compensación frente a demanda de ejecución de título judicial por impago de pensión de alimentos atribuido al progenitor que invoca haber abonado los gastos escolares subsumibles en la pensión de alimentos .

La primera de las alternativas plantea serias dificultades de carácter formal /procesal por más que se acuda al expediente de la &rdquoso pena de exceder de manera grosera el contenido y tenor del título objeto de Ejecución y abrir un peligroso cauce a toda reclamación de cualesquiera gastos ordinarios de menores de edad efectuada por el deudor de la pensión de alimentos , a través del expediente de la Ejecución de Título Judicial , sin debida siquiera mínima previsión de los mismos en el Auto o sentencia objeto de la misma .

Es sabido que en sede de ejecución de título judicial no procede resolver cuestiones no abordadas o decididas en el titulo o con las que éste no guarde una inmediata o directa relación de causalidad, aun cuando -entre otros el Auto de AP Valencia secc. 10, del 28 de febrero de 2020 -EDJ 593416-.

Solo se me ocurre un supuesto en la práctica en que cabría sortear tales dificultades formales y es aquel en que en el auto o sentencia objeto de Ejecución se efectuara una expresa mención al contenido y cuantía liquida y determinada de esos gastos escolares y a su individualizada ponderación al fijar la pensión de alimentos aun así resultaría más sencillo admitir de manera excepcional una compensación en sede de ejecución de título judicial deducida por impago de la pensión de alimentos -basada en la previa satisfacción de gastos escolares ordinarios expresamente ponderados y subsumidos en la pensión de alimentos fijada que una directa demanda de Ejecución por el progenitor que abonó los mismos.

No desconocemos en todo caso la doctrina y jurisprudencia sobre el carácter absolutamente excepcional de la admisión de la compensación y del pago parcial en sede de Ejecución de Título Judicial de pensión de alimentos -arts. 1157, 1162 y 1195 a 1202 CC -EDL 1889/1 y arts. 556 LEC -EDL 2000/77463 y art. 18 LOPJ -EDL- dada la exigencia de que se trate de deudas vencidas liquidas exigibles y además &ldquo&rdquo -Auto de AP Barcelona sección 18º de 6 de octubre de 2021 -EDJ 789325 exigencia extensible además de manera excepcional a la compensación no de pensión de alimentos sino de Gastos Extraordinarios -entre otros, el Auto de AP Valencia secc. 10º de 13 de septiembre de 2021 -EDJ 781210-.

Es así reiterada la jurisprudencia que conceptúa como mera liberalidad cualquier pago realizado por el deudor de la pensión de alimentos al margen del exacto abono de la misma en la forma precisada en el titulo -Auto de AP Barcelona secc. 12º de 11 de noviembre de 2020 -EDJ 729603 y la que solo de manera excepcional y para impedir la consumación de un abuso de derecho admite la compensación -Auto de AP Barcelona secc. 12º de 1 de julio de 2021 -EDJ 696638-.

Pero ello no obsta a que siempre cabria acudir de manera particular individualizada y motivada a la prohibición del abuso de derecho y a la exigencia de ejercicio del derecho conforme a las reglas de la buena fe frente a pretensiones manifiestamente abusivas como en el caso ponderado por el Auto de AP Barcelona sec. 18º de 23 de febrero 2021 -EDJ 554439-, sentencia 70/2021 -EDJ 512543-, de abono directo de colegio por un progenitor por omisión deliberada de la otra progenitora que sin embargo reclama el abono de la pensión de alimentos .

En definitiva, parece más sencillo exigir al progenitor que abona los gastos escolares que articule su pretensión de reembolso a través de un proceso declarativo -y no directamente de la Ejecución de Título Judicial que fija la pensión de alimentos , sin perjuicio de que una vez determinada la deuda por aquel concepto , pudiera articularse una eventual compensación de deudas en fase de liquidación de ejecuciones reciprocas -art. 1196.4º CC de haber incurrido aquel en impago de la pensión de alimentos a su vez.

Doy respuesta negativa a la pregunta.

Entiendo que ...

Doy respuesta negativa a la pregunta.

Entiendo que el proceso de ejecución de título judicial, como especial y sumario, en el que vienen limitados los mecanismos de defensa, al no tratarse de un juicio de plena cognitio, se encamina en exclusiva al estricto cumplimiento de lo dispuesto en resolución judicial, dando a esta cumplimiento íntegro mediante la realización de los actos ejecutivos necesarios para obtener la satisfacción del acreedor, y por tanto a que se cumplan en sus propios términos, sin incurrir en excesos por extensión, y, por supuesto, siempre y cuando el condenado no haya procedido a su cumplimiento voluntario en este sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional -sentencia de 20 de junio de 1.988- al sostener que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende también el derecho a que el fallo judicial se cumpla, quedando configurada la ejecución de las resoluciones judiciales firmes como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al art. 24.1 CE -EDL 1978/3879 -SSTC 32/1982, de 7 de junio -EDJ 32-, 67/1984, de 7 de junio -EDJ 67-, 109/1984, de 26 de noviembre -EDJ 109-, 176/1985, de 17 de diciembre, -EDJ 150-.

El obligado cumplimiento de lo acordado por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional es una de las más importantes garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho, como expresa reiteradamente desde antiguo el TC, sentencia 15/1986, de 31 de enero -EDJ 15-, o sentencia de 4 de octubre de 1990 -EDJ 9011-, entre otras muchas, insistiendo en que el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos forma parte del art. 24.1 CE, pues si así no fuera, las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna.

Puede el Juez, incluso de oficio, apreciar la concurrencia de los defectos procesales del art. 559 LEC -EDL 2000/77463-, cuando el título ejecutivo en virtud del cual se despachó ejecución es una sentencia de condena firme -art. 517.2.1 LEC-, ya que los presupuestos de ejecución de sentencia son materia de orden público, ius cogens o derecho necesario, y así parece entenderlo el propio art. 559.3 LEC cuando se refiere a la &ldquonulidad radical&rdquo -absoluta o de pleno derecho del despacho de la ejecución por no contener la sentencia pronunciamiento de condena.

Otro argumento en apoyo de esta tesis, deriva de la aplicación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que contempla el art. 24.1 CE que encierra, como última exigencia, que el fallo judicial se cumpla, lo que es traducido por el art. 18.2 LOPJ -EDL 1985/8754 cuando señala que "las sentencias se ejecutaran en sus propios términos" y por el art. 207.3 LEC, al expresar que "las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas" -principio de la cosa juzgada formal-.

Por todo ello, entiendo que si el derecho de reembolso de los pagos directos realizados al centro educativo, o cualquier otro que integre concepto estrictamente alimenticio, no viene expresamente contemplado ni comprendido en el título que debe servirle de base, no podrá ser objeto de ejecución, por no tener amparo en la resolución de que se trate, por más que quiera seguirse un criterio flexible, en términos de la sentencia del TC 152/1990, de 4 de octubre -EDJ 9012-.

Caso de ordenarse el despacho de ejecución por reembolso de conceptos como sea el del colegio, abonado de manera directa por el alimentista, se incurriría en un indudable exceso por extensión, no acorde al art. 18 LOPJ ni al art. 207.3 LEC, precepto que establece que las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas sentido este en el que se ha pronunciado reiteradamente la Sección 22ª de AP Madrid.

En consecuencia, entiendo que debe el progenitor que haya efectuado pago directo, interesado en reclamar su importe, acudir al juicio ordinario correspondiente, al margen del de ejecución de sentencia de divorcio, separación, determinación de medidas paterno-filiales, auto de medidas provisionales o cautelares.

Otra cosa será que en juicio ejecutivo puedan computarse, que no compensarse, los abonos directos de conceptos estrictamente alimenticios no sufragados por parte ejecutante gestora de la pensión, en aras a evitar un enriquecimiento injusto o sin causa para ella, con el consiguiente empobrecimiento y perjuicio del obligado, que hubiere efectuado el desembolso en aras a garantizar a su descendiente la permanencia en el centro escolar, avalando de manera segura y positiva la necesidad educativa de instrucción y formación que se hubiera abstenido de pagar la contraparte -auto 171/2018, de 20 de abril -EDJ 63968-, en igual sentido que el de 26 de julio de 2015, ambos de la Sección 22ª de AP Madrid-.