Esta propuesta se remitirá a la Comisión Europea para que sea analizada por las instituciones comunitarias dentro del proceso de transformación de los mercados energéticos desencadenado por la guerra en Ucrania.
La propuesta está basada en el desarrollo de los mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad, adaptados a las necesidades de cada país o región.
Fomento de los mercados y la contratación a plazo
Un mercado a plazo aportará solidez, estableciendo, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España. En consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores.
Aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. Con ello se podrían reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios.
Mercados de capacidad
Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro. La normativa de la UE ya prevé estos mercados, pero sólo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso, por lo que es necesario facilitar y agilizar su implementación, según expone la propuesta.
España, en suma, propone mantener el mercado a corto plazo actual (diarios intradiarios y servicios de ajuste), que seguirá funcionando como hasta ahora, proporcionando señales eficientes de precios y de despacho. Sin embargo, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.
Para llevar a cabo la reforma es necesario modificar la normativa europea. En tanto se materializa, España y Portugal van a proponer la extensión del Mecanismo Ibérico para seguir protegiendo a los consumidores del ineficiente diseño actual.
