Por ello, esta reanudación de las conversaciones “no es solo urgente sino que es inaplazable y exige, por ambas partes, el mayor esfuerzo y predisposición para un final definitivo a este conflicto”.
Ribón ha resaltado la importancia de este encuentro señalando que “no es una cuestión que atañe únicamente a las partes en conflicto, es un deber que mantienen ambas para con la ciudadanía y los profesionales que defienden sus derechos”.
Reuniones con los Grupos Parlamentarios para el fin del conflicto
En ese sentido, para impulsar la implicación de los Grupos Parlamentarios en el fin del conflicto, el decano del ICAM se reunió con el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Francisco Aranda, a quien le trasladó la necesidad de retomar el diálogo y el impacto que está generando en la abogacía y la ciudadanía la prolongación de este conflicto.
Durante el encuentro Eugenio Ribón, acompañado por la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, y el diputado 2º de la Junta de Gobierno, José Ramón Couso, trasladó al representante del Grupo Socialista aquellos temas que más preocupan a la abogacía y que requieren “una respuesta urgente del legislador”: la huelga de los LAJs y la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula los criterios orientadores de honorarios a efectos exclusivos de tasación de costas.
El decano ha agradecido al portavoz socialista “la receptividad y compromiso” por encontrar soluciones.
Respecto a la huelga de los LAJ, el decano afirmó que supone diariamente la paralización de miles de procedimientos y afecta gravemente “al acceso a la tutela judicial efectiva de ciudadanos y profesionales”. Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo “sume en un escenario de profunda incertidumbre a profesionales, consumidores y usuarios” que no pueden saber a qué se enfrentan.
En el marco de esta primera ronda de contactos con los grupos parlamentarios, el decano del ICAM se reúne con el vicesecretario general Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, a quien dará traslado de la preocupación del colectivo de la abogacía por las consecuencias de un conflicto que afecta tanto a la ciudadanía como a los profesionales que velan por sus derechos.