La formalidad se ha cumplido en la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra en Luxemburgo y es el último paso, tras el aval del pleno del Parlamento Europeo a principios de mes, para que la nueva norma sea rubricada el próximo 22 de noviembre y entre en vigor 20 días después.
El objetivo es que la UE pueda responder con rapidez a presiones externas, por ejemplo con aranceles y cuotas de exportación u otras sanciones en materia de propiedad intelectual, servicios financieros o de acceso a contratación pública y financiación europea.
Para ello, el nuevo marco reforzará los poderes de la Comisión Europea en materia comercial para agilizar su reacción en caso de chantaje de un tercer país, si bien se prevé que el Consejo tenga voz en el proceso de toma de decisiones para determinar qué constituye una "coerción económica" que justifique esa respuesta inmediata de Bruselas.
Así las cosas, la Comisión dispondrá de cuatro meses para investigar posibles casos de coerción y tras sus conclusiones será el Consejo quien deberá decidir en un plazo de ocho a diez semanas y por mayoría cualificada si existe o no coerción.
En todo caso, la UE quiere dejar claro que las contramedidas previstas por el mecanismo se aplicarán "únicamente como último recurso", cuando no haya otra forma de hacer frente a la intimidación económica. La nueva norma necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete para completar su tramitación.
El bloque sostiene que el objetivo es frenar la eventual escalada de medidas coercitivas específicas hasta lograr que se suspendan las presiones, por lo que el primer paso deberá ser siempre recurrir al diálogo y no se deberá activar estas sanciones hasta "agotar las negociaciones".
Durante las negociaciones los eurodiputados lograron reforzar el carácter disuasorio del instrumento al incluir una lista exhaustiva de posibles respuestas a disposición de la UE, como restricciones al comercio de bienes y servicios, a los derechos de propiedad intelectual y a la inversión extranjera directa.
También se podrán imponer restricciones al acceso al mercado de contratación pública de la UE, al mercado de capitales y a la autorización de productos en virtud de las normas químicas y sanitarias; al tiempo que se abre la puerta a que la UE pueda exigir una "reparación" al país que ejerza la presión.
