El objetivo es que la UE pueda responder con rapidez a presiones externas, por ejemplo con aranceles y cuotas de exportación u otras sanciones en materia de propiedad intelectual, servicios financieros o de acceso a contratación pública y financiación europea.
En su propuesta del pasado diciembre, la Comisión Europea planteaba ganar poderes para poder actuar de manera más ágil contra medidas coercitivas de terceros países mediante un mecanismo que los Estados miembro ven con buenos ojos, aunque quieren más peso a la hora de determinar qué constituye acciones contras las que actuar.
El mandato que han consensuado los Veintisiete para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre este nuevo instrumento aboga por que Bruselas conserve las competencias de ejecución en las decisiones sobre las medidas de respuesta de la UE, pero garantizando una mayor participación de las capitales.
También establece que las represalias se aplicarían sin efecto retroactivo y respetando la proporcionalidad con respecto a los daños causados y que el mecanismo estará diseñado para frenar la escalada de medidas coercitivas específicas y provocar su suspensión, recurriendo al diálogo como primer paso.
Las contramedidas que la UE podrá adoptar si sale adelante la norma como la plantea Bruselas se aplicará únicamente como último recurso, cuando no haya otra forma de hacer frente a la intimidación económica.
"Este nuevo instrumento será disuasorio y contrarrestará la coerción económica por parte de terceros países en un momento de aumento de las tensiones geopolíticas", ha destacado el ministro de Comercio de República Checa y presidencia de turno de la UE, Josef Síkela.
"La UE se ha convertido en los últimos años en el objetivo de una presión económica deliberada ejercida por países no pertenecientes al bloque a través de medidas que afectan al comercio y la inversión. La UE tiene derecho a defenderse mejor en la escena mundial cuando se convierte en blanco de la intimidación económica", ha remachado.
