Este foro -organizado por el Colegio Notarial de Canarias, el Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Notariado– se ha celebrado coincidiendo con el primer aniversario de la erupción del volcán. En las jornadas han participado profesionales de la Justicia, la Economía, la Arquitectura y del Catastro, junto con autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales (incluidos los alcaldes de las zonas afectadas)
Colectivos profesionales
Moderada por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, la primera mesa redonda contó con las intervenciones de José Antonio Riera, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias; Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de La Palma; Beate Dorotea Ricken, decana del Colegio Arquitectos y Carlos Celestino Lalanda, delegado territorial en la provincia de Tenerife del Colegio de Registradores de España.
Rodríguez constató que "la realidad jurídica es tremendamente compleja. El abanico de problemas ha desbordado la realidad fáctica del Valle de Aridane. Se plantean numerosas circunstancias que quedan al margen del Decreto Ley 1/2002 (por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma)".
El decano de los abogados palmeros propone "buscar soluciones extraordinarias en el mundo del Derecho. Los canales magmáticos han sepultado suelos rústicos en los que se edificaban núcleos familiares en la misma finca o viviendas sin declaración de obra nueva, por poner ejemplos. La realidad es que, pasado un año, no se han buscado soluciones a esas situaciones; por lo que comienza una etapa en la que se pasa a la intervención judicial y a la denegación de solicitudes de ayuda. Ahora estamos pasando a judicializar la vía civil, con reclamaciones al consorcio de compensación de seguros".
Ricken sostuvo que "la visión y expectativas de políticos, profesionales y afectados son muy diferentes. Debemos reparar las consecuencias del volcán a nivel habitacional, teniendo en cuenta nuevos factores, como el cambio climático o la dependencia de combustibles fósiles. La reconstrucción debe pasar por la sostenibilidad; evitar la especulación inmobiliaria; impulsar la creación de viviendas sociales y asequibles; usar energías renovables, como gas e hidrógeno; evitar las barreras arquitectónicas; promover la conciliación, con el teletrabajo y la proximidad; fomentar el turismo a pequeña escala.... En resumen, empoderando a la gente en lugar de tutelarla".
Riera apuntó que "el futuro de los damnificados depende de una solución integral que genere optimismo en la reconstrucción. En el ámbito habitacional, partiendo de los instrumentos legales, habrá que introducir las necesarias modificaciones para -de manera coordinada, con garantía y seguridad jurídica- utilizar mecanismos expropiatorios sobre el suelo yermo de lava. Esta medida garantizará que, si no se puede llevar a cabo la vida diaria como se hacía antes, se genere una fuente turística y medioambiental. Será necesario actuar sobre el suelo no afectado por el volcán para reordenar su uso y ofrecérselo a los damnificados, creando infraestructuras y núcleos de población".
Lalanda señaló las dificultades a la hora de coordinar la información registral y catastral tras la erupción, "ya que la situación de hecho distaba de la de derecho". También puso en valor "la labor de los notarios para que los afectados pudieran acreditar que eran dueños de una casa, inmueble o plantación; y, una vez identificados, poder recibir una indemnización". Como solución a la recuperación económica, propuso "la reparcelación y adjudicación de fincas de reemplazo, ya que muchos terrenos van a quedar yermos durante mucho tiempo; o los beneficios fiscales, que permitan atraer inversión para la isla".
Por último, Cantos señaló que "hay que contar con los damnificados a la hora de reconstruir. En el centro de la recuperación deben estar las personas".
Ayuntamientos
Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane; Omar Hernández, concejal de turismo de Tazacorte y Sergio Javier Rodríguez, alcalde de El Paso participaron en el segundo panel de debate.
Garcia Leal, en primer lugar, agradeció la organización del evento y señaló que, en el último año, "la actividad del Notariado se ha acercado a su función social de asesoramiento cercano a los ciudadanos". A continuación, se mostró crítica con las medidas puestas en marcha: "Los tiempos de la Administración no se acompasan con los tiempos de los ciudadanos. Es fundamental que los ciudadanos sepan qué va a pasar. Debe hacerse un esfuerzo para que las ayudas lleguen a todo lo que está sepultado, porque ayudará a la reconstrucción de los proyectos personales de vida". Por último, demandó "una legislación específica sobre las consecuencias de la erupción del volcán".
El edil de Tazacorte agradeció el compromiso de los notarios con sus vecinos: "Resolvieron con éxito expedientes sobre viviendas afectadas, Sin embargo, deberían llegar respuestas y ayudas en cuanto a demanda habitacional por parte de las entidades públicas. Aún hay personas alojadas en caravanas y en viviendas de familiares. Debería existir una legislación específica más ágil"
Hernández señaló que la apuesta de su municipio por el sector turístico: "Podemos sacar rédito dotando a las empresas de recursos. En este sentido, hemos creado partidas presupuestarias para adquirir terrenos que nos permitan desarrollar proyectos sostenibles, como un centro vulcanológico o científico".
Sector jurídico
La última mesa de esta primera jornada fue dirigida por el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. Intervinieron Miguel Ángel Pulido, de la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia de Canarias; Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo; Eduardo Risueño, abogado y profesor de Derecho Administrativo; Juan José Santana, secretario general de la Delegación de Gobierno en Canarias y Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.
Pulido hizo hincapié en la "necesaria reconversión de la agroindustria palmera y la reconstrucción de todas las infraestructuras básicas, como la carretera de la costa y todo lo relacionado con el ciclo del agua. Asimismo, debemos buscar inversiones que generen empleos para que los jóvenes no se vayan de la isla".
Villar resaltó que "la Ley Nacional de Protección Civil no está pensada para una situación como la de la Palma, en la que todo desaparece por completo y el nuevo territorio que surge es hostil a la recuperación".
En otro orden de cosas, Risueño puso de manifiesto que "no tenemos una normativa de concentración parcelaria. Hay cinco millones de metros cuadrados de suelo agrario que debemos tratar de recuperar, basándonos en principios de compensación".
Santana demandó la creación de "un órgano que se dedique a la fase de reconstrucción, en el que estén implicadas todas las Administraciones. No debe haber intervenciones sucesivas y complementarias. Con una normativa expresa para los supuestos del desastre se podría ir más rápido que con la regulación normativa actual".
Cavallé coincidió en señalar en que "afrontamos un reto multidisciplinar, que sobrepasa con mucho la competencia de tres ayuntamientos y un Cabildo. Precisamos un tratamiento conjunto basado en la solidaridad institucional".
"Lo que ha ocurrido es excepcional. La última catástrofe similar fueron las de Lanzarote y Garachico, que ocurrieron hace doscientos años, por lo que el legislador no ha tenido en cuenta este tipo de situaciones en las que desaparece el terreno. La solución del problema es de tipo legislativo", concluyó el decano de los notarios canarios.
Marín coincidió en señalar que "falta decisión, por lo que una previsión legislativa es necesaria".
Por último, Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, realizó una exposición sobre el estado actual y el futuro de la isla.
