También alerta de la relevancia de potenciar la contratación electrónica, la mejora de profesionalización de los órganos de contratación para facilitar el acceso a todos los operadores y la dotación de medios suficientes a la oficina, así como de potenciar su papel dentro de este ámbito.
La presentación de este informe por parte de la presidenta de la OIReScon, María José Santiago, ha tenido lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), y ha contado con la intervención de la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Elisenda Malaret, y del Jefe de Unidad adjunto de la Unidad de Legislación de la Contratación Pública y Ejecución de la Dirección General Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes e la Comisión Europea, Javier Palmero Zurdo.
Al acto han asistido representantes de órganos de control de la contratación pública, como el Tribunal de Cuentas o los OCEX (Órganos de Control Externo) y Tribunales de recursos contractuales así como la representación de otros órganos o instituciones con competencias en materia de contratación pública.
Una nueva estrategia anticorrupción
En este primer informe, la OIReScon destaca entre sus primeras recomendaciones la necesidad de aprobar una Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la corrupción con un apartado específico relativo a la contratación pública.
Esta es una de las conclusiones extraídas por el nuevo supervisor de la contratación pública, tras solicitar información a las agencias y oficinas dedicadas a la lucha contra la corrupción, tanto a nivel autonómico como local, en relación con las denuncias recibidas en materia de contratación.
En este sentido, la OIReScon señala que en materia de prevención y lucha contra la corrupción se requiere una coordinación a nivel nacional que garantice coherencia y uniformidad en las actuaciones en materia de contratación, y reclama potenciar el papel que juega en esta materia.
También destaca la necesidad de crear una base de datos única de contratación pública que reduzca cargas burocráticas a los órganos de contratación y a los licitadores, y minimice el riesgo de información múltiple a los órganos de control. Asimismo, detecta "aspectos susceptibles de mejora" en la publicidad de la contratación.
119.553 contratos en 2018, la mitad en entes locales
El informe de este organismo, cuya creación contempla la nueva Ley de contratos del sector público (LCSP) de 2017, incluye las principales conclusiones de la actividad de control y supervisión realizada por las administraciones competentes, y realiza un balance del primer año de vigencia de la nueva ley mediante un mapa de la contratación pública.
Así, durante el pasado año 2018 se realizaron en el sector público un total de 119.553 contratos, sin contar la contratación menor, correspondiendo a entidades locales el 47,32% de la contratación de todo el sector público, y con predominancia del procedimiento abierto o simplificado, con un 76,31% de la contratación del sector público.
Por otro lado, subraya el crecimiento exponencial que ha provocado en la contratación electrónica la obligatoriedad que marca la nueva ley, pues en los perfiles alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) ha aumentado de un 1,35% a un 6,92%, si bien reconoce que su implantación "está lejos de ser una realidad".
Recomendaciones
Precisamente, la OIReScon recomienda fomentar y reforzar el desarrollo de este tipo de contratación, mejorar la profesionalización en materia de contratación y, en materia anticorrupción, mantener y potenciar mecanismos de coordinación entre las diferentes agencias y oficinas y el supervisor, así como potenciar su labor en esta materia.
Por otro lado, recomienda también establecer medidas de control del pago a empresas subcontratadas en los contratos que correspondan por ley, como alguno de los puntos que considera que deben atenderse, y dotar de más capacidades a la PLACSP para constituirla como única base de datos, con el fin de simplificar el control de las obligaciones de publicidad, transparencia y rendición del contrato a los órganos supervisores.
Mapa de riesgos
Por otro lado, la OIReScon celebra que en su primer informe se recogen por primera vez y se ponen en común en un único documento las conclusiones de los órganos de control externo y de control interno en la contratación pública.
Este análisis conjunto permitirá a la Oficina establecer una serie de indicadores de seguimiento y, a su vez, la elaboración de un mapa de riesgos de la contratación pública en permanente actualización que permita adoptar medidas preventivas frente a irregularidades en el ámbito de la contratación pública, que deberá integrarse en la futura Estrategia Nacional de contratación pública.
