El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado cuenta este martes en el Congreso de los Diputados de la última Memoria de su departamento y ha reclamado un mayor número de recursos, en especial de funcionarios, pues "el déficit de medios personales planea como una sombra ante la asunción de la investigación penal que el borrador de Código Procesal Penal auspicia".
Entre los datos ofrecidos por el fiscal general en la Comisión de Justicia del Congreso destaca el bajo ratio de funcionarios por fiscal que se da en nuestro país, de 0,8 funcionarios por fiscal, lo que hará "consumible" la asunción de la investigación penal por el Ministerio Público.
Ha puesto como ejemplo que en la Fiscalía de Benidorm/Denia hay 3 funcionarios para 18 fiscales y en la de Elche/Orihuela 21 fiscales y 4 funcionarios. Además ha destacado que únicamente el 7% del presupuesto tecnológico del Ministerio de Justicia se destina a los órganos fiscales.
Delitos contra la corrupción
A lo largo de su comparecencia, el Fiscal General ha recordado ante los diputados datos de la Memoria ya conocidos desde que este documento se hizo público el pasado 16 de septiembre, con ocasión de la Apertura del Año Judicial.
Así, ha relacionado el aumento de los delitos de corrupción con la "burbuja inmobiliaria en auge hasta 2008" y ha indicado que le inquieta su impacto en el prestigio de la Administración de Justicia, que queda en evidencia cuando no es capaz de darle respuesta.
Torres-Dulce recordado que sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años.
En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23% del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.
Por otro lado, la última Memoria detecta un aumento en un 120,79% de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y un incremento en un 23,85% de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa. También se detecta un descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23% y por tráfico de influencias en un 22,37%.
Además, el fiscal general del Estado ha destacado los datos que obran en la última Memoria de este departamento, que indican que la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada mantenía un total de 290 causas en trámite a finales de 2012.
La lección que puede sacarse de estos datos, según Torres-Dulce, es que "es indispensable reforzar los órganos de control de las administraciones para una detección precoz de la acción corrupta", así como dotar de más medios a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas.
Preferentes
Sobre el problema de las preferentes, Conde-Pumpido ha indicado, al igual que hace la Memoria, que su departamento sólo actuará por la vía penal en los casos de fraude por la venta de preferentes cuando existan indicios de que su comercialización fue estructuralmente engañosa, debido a la manipulación de los resultados de la entidad, o si se dan indicios de comercialización fraudulenta al cliente particular.
Según refleja en su Memoria del año 2012 la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público ha acordado el ejercicio de acciones penales tanto cuando el producto emitido fuera estructuralmente engañoso, en cuyo caso podría ser delictivo debido a que su rentabilidad estuviera asociada a los beneficios de la entidad y éstos hubieran sido simulados, ocultando las pérdidas o cuando se hubiera comercializado "aprovechándose de la situación del cliente, como pudiera ser en supuestos de menores, incapaces o personas con una manifiesta falta de instrucción".
