Sólo unos pocos Estados, como Francia, República Checa, Dinamarca, Rumanía, Eslovaquia, Irlanda y Suecia, han cumplido con este mandato. Por el contrario, cuatro de las cinco mayores economías de la UE, Alemania, Italia, España y los Países Bajos, están rezagadas en este proceso.
El CSRD, que reemplaza la Declaración No Financiera (NFD), aplica a todas las entidades de interés público con más de 500 empleados. Este cambio implica que las empresas necesitarán adaptar sus procedimientos internos para cumplir con los nuevos requisitos de información y aprobación.
El CSRD proporciona una guía para establecer nuevos procesos, pero los países tienen cierta flexibilidad en su aplicación. Esto incluye decisiones sobre el rango de empresas implicadas, las responsabilidades de los directores, las entidades que certificarán la información, el régimen de sanciones y la coordinación con otras obligaciones ESG nacionales.
Francia fue el primer país en implementar internamente el CSRD, estableciendo reglas específicas para las entidades obligadas, las responsabilidades de los directores y las sanciones. Alemania y España planean introducir un papel similar en la certificación de sostenibilidad.
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