El órgano fiscalizador hace esta propuesta a la AEPD en el informe que ha elaborado sobre los ejercicios de 2016 y 2017 y en el que registra algunas deficiencias en cuanto a la contabilidad económica de este organismo.
El tribunal señala que los ingresos presentados por la agencia "no reflejaron adecuadamente la realidad", en parte, porque los derivados de las sanciones impuestas por la AEPD -de las que se financia- superaron ampliamente las previsiones realizadas. En concreto un 208% en 2016 y en un 238% en 2017.
El documento, recogido por Europa Press, también señala que no se incluyeron entre las previsiones las cuantías por recargos e intereses de demora, pese a ser conceptos de ingresos recurrentes y de posible cuantificación.
Estos valores, según destaca el órgano que preside María José de la Fuente, suponen más del 95% del total del activo de la entidad. Así, los saldos de tesorería son "muy importantes" y pasaron de 63.465,9 miles de euros, en 2016, a 66.034,3 miles de euros en 2017; mientras que la rentabilidad de estos saldos apenas alcanzó 6,3 miles de euros en 2016 y 4,4 miles de euros en 2017, según denuncia el tribunal.
El texto también maneja entre los datos destacados que, los derechos pendientes de cobro también ascendieron de casi nueve millones y medio de euros en 2016 a más de once millones y medio en 2017.
MEJOR CONTROL DE LA PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES
Ante esta situación, el órgano fiscalizador ha llamado a la AEPD a introducir cambios en su sistema de contabilización de los derechos de cobro por sanciones, de forma que éstos solo se reconozcan en el momento del ingreso anticipado de la sanción o de la notificación de la resolución sancionadora, no cuando tiene lugar la notificación del acuerdo de inicio de los procedimientos.
Pero, además, recomienda a la agencia que inste a las autoridades presupuestarias a modificar en su sistema de presupuestación y de su financiación, consistente en que pase a financiarse con una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado (compatible con la posibilidad de generar una reserva con un porcentaje de los ingresos que genere) y sea el Tesoro Público el que se encargue de los cobros de las sanciones en periodo voluntario.
En el informe que incluye los ejercicios de los años 2016 y 2017, el Tribunal de Cuentas también recomienda a la agencia elaborar unos criterios uniformes y homogéneos en relación con la información que remite a la Agencia Tributaria a efectos de continuar la gestión de cobro de los deudores, mejorando la periodicidad en la remisión de los listados.
En este sentido, también propone una mejora del control interno de los plazos de prescripción de las infracciones para evitar sentencias judiciales estimatorias para los sancionados y el correspondiente coste para la Agencia.
