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Un despacho de abogados mallorquín denuncia ante la Comisión Europea a España por atacar la libre circulación de personas

Noticia

Un despacho de abogados mallorquín --DMS Consulting--- ha presentado una denuncia contra España por aprobar disposiciones fiscales que obligan a los contribuyentes residentes en España a presentar declaraciones informativas sobre sus bienes y derechos en el extranjero.


Según ha informado en un comunicado, el despacho cree que esa obligación es contraria al Derecho Comunitario, "porque supone una clara e importante restricción a la libre circulación de personas y de capitales, establecida en los artículos 21 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

En concreto, la normativa denunciada es la Ley 7/2012 de 29 de octubre, que introduce la nueva obligación de informar, el Real Decreto 1558/2012 de 15 de noviembre que la desarrolla, y la Orden HAP/72/201 que aprueba el modelo de declaración (Modelo 720) y establece que obligatoriamente debe presentarse por vía telemática.

El abogado de DMS Consulting que ha tramitado la denuncia, Alejandro del Campo, ha considerado que esta normativa es "desproporcionada" porque afecta a un alto número de personas, así como por el régimen sancionador que prevé y por la complejidad de su tramitación.

Según ha dicho, también es injustificada porque desde el pasado 1 de enero de 2013 existen instrumentos legales en la UE que permiten una cooperación administrativa eficaz en el ámbito de la fiscalidad.

Informar sobre tres categorías de bienes

Esta normativa recoge tres obligaciones de información tributaria, ya que los residentes deben informar sobre tres categorías diferentes de bienes y derechos situados en el extranjero cuando figuren en cualquiera de esos tres grupos de bienes si el valor conjunto del grupo es superior a 50.000 euros, con independencia de que los bienes se encuentren dentro o fuera de la UE.

Esta nueva obligación afecta sobre todo a particulares, ya que las empresas no deben informar sobre bienes en el extranjero que tengan registrados en su contabilidad.

Con todas estas condiciones, la normativa, según ha alegado el despacho, supone una clara restricción a la libre circulación de personas porque puede disuadir a europeos que quieran fijar su residencia en España, "ya que les resultará caro y problemático hacerlo manteniendo bienes y derechos en el extranjero". De hecho, "la nueva normativa ha causado gran preocupación entre los residentes extranjeros en España, planteándose muchos regresar a sus países".

"Clara restricción a la libre circulación de capitales"

Además, supone una "clara restricción a la libre circulación de capitales" porque puede disuadir a contribuyentes residentes de mover sus capitales al extranjero o de mantenerlos fuera de España y el régimen sancionador es "durísimo porque no declarar por un grupo de bienes o hacerlo de forma incompleta o inexacta se sancionará con multa con un mínimo de 10.000 euros".