En la causa, abierta por delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales, hay investigadas 17 personas físicas y cuatro personas jurídicas (dos clínicas y dos empresas de servicios sanitarios y parasanitarios).
El Juzgado se declara no competente para seguir con la investigación porque considera que en la causa concurren los elementos necesarios para que ésta sea asumida por la Audiencia Nacional.
En este sentido, el auto señala que "de los indicios racionales de criminalidad recabados por la Policía Judicial, se infiere o se deduce que los posibles hechos, las posibles conductas y las posibles circunstancias envolventes, se han sucedido o han tenido lugar en distintas localidades en cuyo ámbito territorial abarca más de una provincia, trayendo como consecuencia efectos en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, ya que de las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se ha descubierto que las personas investigadas podrían ser los autores de delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales".
