Zapatero ha puesto en valor el conjunto de medidas puestas en marcha de manera “urgente y coordinada” para dar una respuesta adecuada desde la administración de Justicia a la crisis. El objetivo era garantizar tanto la continuidad de la actividad jurisdiccional como la salud de todos los profesionales de la Justicia, a los que el secretario de Estado ha reiterado su agradecimiento por el trabajo desarrollado durante la pandemia.
Así, a través del Real Decreto Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19, aprobado y convertido en ley (Ley 3/2020) por amplia mayoría parlamentaria el pasado 18 de septiembre, “se han puesto en marcha numerosas iniciativas y proyectos que colocan al sector en un mejor punto de partida para controlar la pandemia y hacer posible la recuperación y resiliencia”, ha explicado Zapatero.
En esta línea, Zapatero ha destacado, “en cumplimiento con esta ley en tiempo récord poco más de un mes-“, la puesta en marcha próximamente de 33 unidades judiciales, repartidas tanto en las CCAA que dependen del Ministerio como en las que tienen competencias asumidas. La mayoría de estas unidades se crearán para aquellos órdenes jurisdiccionales más impactados por la COVID-19, principalmente social y mercantil.
El Ministerio de Justicia da respuesta así, según el secretario de Estado, al amplio respaldo obtenido por la ley y al compromiso de la mayoría de fuerzas políticas e instituciones con el impulso y la modernización de la Administración de Justicia.
La Ley contempla además otras herramientas “esenciales” para avanzar en el sector en la lucha contra la pandemia, como la regulación de juicios telemáticos, la flexibilización en la asignación de funciones, la cita previa, o la autorización o ratificación por los TSJs de las medidas sanitarias adoptadas por las CCAA.
Todo, según ha querido destacar Zapatero, llevado a cabo bajo un nuevo modelo de relación entre instituciones públicas y resto de agentes involucrados: la cogobernanza. “El diálogo y la cooperación han sido un elemento imprescindible para avanzar en la administración de Justicia en la crisis, y lo seguirá siendo de cara a implantar los planes de futuro”, ha precisado.
Medidas de eficiencia procesal, organizativa y basada en datos
De cara al futuro, dentro del marco de Justicia 2030, el secretario de Estado ha destacado tres ámbitos fundamentales de actuación para mejorar la eficiencia: el procesal, organizativo y digital.
De cara al primer ámbito, se ha puesto en marcha el anteproyecto de ley de la eficiencia procesal para el servicio público de justicia, que será remitido en breve al Consejo de Ministros, y contempla medidas de gran calado, como la regulación del pleito testigo, las sentencias orales y la regulación de los medios adecuados de controversias en el orden jurisdiccional civil.
De cara a conseguir la eficiencia organizativa, además de la ya mencionada creación de 33 unidades judiciales, Justicia 2030 contempla medidas como la creación los tribunales de instancia, la oficina judicial digital y la oficina de justicia en el municipio.
Respecto a la digitalización, se han puesto en marcha herramientas tecnológicas que se han revelado imprescindibles en esta situación. Así, la implantación y desarrollo de la inmediación digital, la deslocalización de los puestos de trabajo o la cita previa, están siendo un espaldarazo para la administración de la Justicia en la nueva situación.
En esta línea Zapatero ha destacado la celebración a día de hoy de 68.085 actuaciones judiciales –juicios, declaraciones y otras comparecencias- por videoconferencia, según han comunicado al Ministerio de Justicia las Secretarías de Gobierno de los diferentes Tribunales de Justicia de toda España.
