El portavoz económico de los nacionalistas catalanes, Josep Sánchez Llibre, ha explicado que el objetivo de dicho precepto era "crear un instrumento para combatir el riesgo de opresión a la minoría", que no tienen capacidad para reclamar la distribución de dividendos de las empresas en las que participan.
Sin embargo, su aplicación real "podría significar que, en un momento de crisis como el actual con una fuerte restricción del crédito a las empresas, las sociedades no cotizadas además de no obtener recursos financieros bancarios ni poder acudir a los mercados de capitales para financiarse, se vean obligadas a dedicar una parte de sus fondos a adquirir las acciones de los socios que ejerciten el derecho de separación por falta de distribución de dividendos" o a "la distribución forzosa y anual de un tercio de sus beneficios ordinarios".
Acuerdo a dos bandas
El diputado ha encontrado la comprensión de los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE), aunque finalmente ha aceptado sólo la enmienda de los 'populares', criticando que si la disposición fruto del problema no se hubiera aprobado "sin posibilidad de debate" quizás se habría podido detectar este efecto antes.
El portavoz del PP en la materia, Vicente Martínez-Pujalte, ha propuesto así que sea el Ministerio de Justicia el que "estudie y fomente" un "mayor equilibrio" entre socios mayoritarios y minoritarios en las sociedades no participadas durante la elaboración del nuevo Código Mercantil, ya en marcha.
Por su parte, el socialista Valeriano Gómez pedía elaborar previamente un "análisis, a la mayor brevedad posible, de las consecuencias y efectos prácticos" de la disposición. UPyD también ha respaldado este acuerdo, según ha explicado su portavoz económico, Álvaro Anchuelo, que ha aplaudido el "razonamiento muy sólido y con rigor técnico" de CiU.
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