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JUSTICIA

El ministro de Justicia defiende la reforma de la prueba para conceder la nacionalidad

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Recuerda que el Plan Intensivo de Tramitación, que ha recibido el premio al mejor Proyecto de Administración electrónica de este año, ha acabado con las 400.000 solicitudes de nacionalidad que dejó pendientes el anterior Gobierno.


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado hoy en el Congreso de los Diputados que la intención del Gobierno pasa por "introducir eficacia y claridad" en el procedimiento para la concesión de la nacionalidad española mediante la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el establecimiento de criterios objetivos y homogéneos en la prueba de integración que realizan los encargados de los Registros Civiles.

En este sentido, recordó lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia que dice que "la integración social deriva de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales españoles, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, del grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo y estructura familiar".

"Esto es lo que nosotros queremos, que lo que el Supremo dijo por vía de recurso se establezca para todos los expedientes de nacionalidad", aseguró Ruiz-Gallardón.

El Ministerio trabaja en esa línea en el Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros que está preparando. En él también se intenta adaptar el Código Civil a las causas de pérdida de nacionalidad previstas en el artículo 7 del Convenio Europeo sobre Nacionalidad firmado en Estrasburgo en 1997 que resulta el instrumento objetivo multilateral que mayores garantías reconoce en la materia.

El titular de Justicia concluyó su respuesta con el Plan Intensivo de Tramitación de nacionalidades, que ha sido merecedor de un premio al mejor Proyecto de Administración electrónica en 2013, y en el que han participado ocho ministerios, el Colegio de Registradores y el Consejo General el Notariado. Gracias a él se ha conseguido acabar con el atasco de 400.000 solicitudes de nacionalidad que dejó pendiente el anterior Gobierno.

El Gobierno socialista resolvía 120.000 expedientes al año frente a los 150.000 que ingresaba, lo que hacía que se acumularan 30.000 anualmente. Desde el pasado mes de noviembre, el actual Ejecutivo ha resuelto 278.000. Ahora, tras la firma de la encomienda de gestión con el notariado, se agilizará también el acta de juramento o promesa.

"En junio –anunció el ministro- estarán resueltos los 400.000 expedientes que ustedes no fueron capaces de resolver y yo me pregunto: ¿Por qué no lo hacían ustedes? ¿Me va a decir que era porque eran incapaces? ¿Por ineficacia administrativa? ¿O no será que debajo de ese discurso demagógico suyo, lo que había era una falta de voluntad de que esos ciudadanos cumpliesen sus derechos y pudiesen ser españoles?"