Así lo ha señalado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante la lectura de su discurso formal cono ocasión de la Apertura del Año Judicial, presidida por Felipe VI este lunes en el Tribunal Supremo.
Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, los denominados "juicios rápidos", en el año 2019 se incoaron 203.434 nuevas diligencias, cifra que consolida la tendencia al alza a lo largo de los últimos ejercicios y que según Delgado "constituye un dato altamente esperanzador, dado que esta vía procedimental ofrece al ciudadano una respuesta inmediata al litigio".
Igualmente ha destacado como relevante la alta tasa de calificación en este ámbito (del 67%), calificaciones que representan el 49% del total de las formuladas, lo que determina un incremento en relación con años anteriores, que da muestra de la comprobada eficacia de esta modalidad procedimental.
Menos delitos leves
En cuanto a los procedimientos por delitos leves, los datos ponen de manifiesto que el descenso en las incoaciones por este tipo de procedimientos no se ha revelado como muy eficaz en relación con las cargas globales de trabajo que pesan sobre los fiscales y las fiscalías, puesto que "se mantiene la misma problemática organizativa que dificulta un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales".
Por lo que afecta al volumen de procedimientos ordinarios incoados en el año 2019, la cifra asciende a los 2.652 sumarios, lo que constituye un incremento en incoaciones de este procedimiento de casi el 9% en relación al año 2018.
También ascendieron los nuevos procedimientos ante el tribunal del jurado en el año 2019 hasta un total de 591, lo que constituye un repunte significativo del 25% respecto de 2018. Este incremento puede tener su explicación, según la fiscal general, en el acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017, que ha determinado que en caso de concurrir delitos competencia de Jurado con otros que no lo son, en caso de no poder ser enjuiciados por separado, el procedimiento adecuado será el del Tribunal del Jurado.
Más de 15.000 nuevas investigaciones
En cuanto se refiere a la que constituye la actividad más genuinamente característica del quehacer del Ministerio Fiscal, pueden destacarse en 2019 los siguientes datos: Se incoaron un total de 15.535 diligencias de investigación, lo que constituye un aumento significativo frente al año pasado. El tiempo medio de tramitación de las diligencias de investigación es de 135 días.
También se ha referido Delgado a las calificaciones, puesto que se formularon en el ejercicio memorial de 2019 un total de 277.014, lo que constituye una cifra superior en un 3% a la de 2018. En el año 2019, los fiscales asistieron a un total de 332.888 señalamientos de juicio oral, cifra casi coincidente con la del año pasado.
Los señalamientos por delitos leves a los que asistieron los fiscales continúan representando un volumen mayor que la totalidad de los juicios ante los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales.
En términos absolutos, según señala la Memoria, en el año 2019 se constata un ligero descenso de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal, frente al ligero ascenso de las dictadas por las audiencias provinciales.
Del total de sentencias condenatorias dictadas en los juzgados de lo penal y audiencias provinciales, el 63% de las mismas se dictan por conformidad del acusado con la posición del Fiscal, lo que representa aproximadamente el 48% respecto del total de las sentencias.
Disfunciones a mejorar
A los datos anteriores, se añaden una serie de ratios que revelan ciertas disfunciones en la prestación del servicio público que es preciso mejorar y entre los que cabría destacar los siguientes: Se observa una tendencia al alza a nivel nacional, e incluso en términos comparativos, de la pendencia de procedimientos, a pesar de permanecer estable el número de diligencias incoadas.
Los datos avalan entonces el sistema impuesto por el art. 324 LECrim, en su redacción anterior a la reciente Ley 2/2020, de 27 de julio, no resultó de ningún modo útil para agilizar la justicia. Se contabiliza asimismo un elevado número de suspensiones del juicio oral, que en el año 2019 en los juzgados de lo penal asciende al 33% de los juicios señalados y en las audiencias provinciales el 27%.
A nadie escapa, según la fiscal general, que las suspensiones "perturban gravemente la organización de las fiscalías y los órganos judiciales; genera insatisfacción y molestias a la ciudadanía y, finalmente, supone una respuesta penal de peor calidad como consecuencia del debilitamiento de los medios de prueba y la apreciación frecuente de la atenuante por dilaciones indebidas".
Otro asunto destacado por Delgado durante su discurso es el de los denominados "delitos contra bienes personalísimos planificados o ejecutados a través de redes sociales" o sistemas de mensajería instantánea, que está siendo estudiado por la Fiscalía de forma interdisciplinar por diferentes unidades, como las especializadas en Criminalidad informática, Violencia de Género y Menores, "que aportan así la visión integral de un fenómeno criminal".
