Becerril alega en el escrito remitido a los sindicatos, al que ha tenido acceso Europa Press, que "este recurso ya ha sido presentado por otras personas legitimadas para ello" --en referencia a los grupos parlamentarios del PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD y PNV--, por lo que su actuación "no resulta imprescindible al objeto de asegurar el control de constitucionalidad de la norma".
No obstante, señala que "sin perjucio de lo expuesto, esta Institución no puede dejar de considerar que la medida adoptada implica una pérdida de capacidad adquisitiva para el conjunto de los pensionistas", por lo que dirige una recomendación a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que el Gobierno "asuma el compromiso de compensar la pérdida de capacidad adquisitiva que vienen sufriendo las pensiones públicas, en cuanto se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y no resulte necesario acudir al Fondo de Reserva".
Así, aunque Becerril señalaba en su reciente Informe Anual 2012 que, además de esta solicitud de los sindicatos, "numerosos ciudadanos se han dirigido a la institución poniendo de manifiesto su disconformidad" con la decisión del Gobierno, esta instancia ha decidido finalmente no presentar un recurso de inconstitucionalidad.
La petición de los sindicatos
La solicitud de los sindicatos se remonta a diciembre de 2012, cuando el Gobierno decidió no revalorizar las pensiones con arreglo al IPC de noviembre, sino que aplicó un aumento del 1% con carácter general y del 2% para las de menos de 1.000 euros mensuales.
Tras esta decisión los sindicatos solicitaron a la Defensora del Pueblo que intercediera, puesto que no tienen capacidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad, y lo presentase en su lugar.
No es la primera vez que Becerril desestima presentar un recurso de inconstitucionalidad similar. En octubre de 2012 también decidió no presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral, en línea con su antecesora, María Luisa Cava de Llano, quien desoyó la petición de los sindicatos.
En cualquier caso, diputados del Grupo Socialista, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el PNV, presentaron hace una semana ante el Tribunal Constitucional este recurso de inconstitucionalidad.
Se trata del primer recurso de inconstitucionalidad que plantean conjuntamente hasta siete partidos de la oposición. Inicialmente iban a plasmar su firma otras formaciones del Grupo Mixto pero la negativa de PSOE y UPyD a suscribir una iniciativa con la coalición abertzale Amaiur llevó a ERC, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai a descolgarse.
Críticas a Becerril
Por su parte, desde CC.OO. se ha criticado que la Defensora del Pueblo haya comunicado su decisión a los sindicatos días después de que finalizara el plazo para formalizar el citado recurso, el 1 de marzo.
Además, ante los argumentos expuestos por Becerril, el sindicato apunta que se trata de "un ejercicio de equilibrismo, digno de mejor causa", puesto que justifica la no interposición del recurso mientras reconoce la razonabilidad de la reclamación.
Por último, el sindicato ha señalado que su objetivo era conseguir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, algo que se ha conseguido de forma indirecta a través de los grupos parlamentarios, si bien añade que la "falta de colaboración" para ello de la Defensora del Pueblo merece su "reproche".
