El Defensor del Pueblo publicó en mayo el estudio "La escucha del menor, víctima o testigo", que analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado los procesos penales y formuló recomendaciones a las administraciones para cumplir el Estatuto de la Víctima, que entrará en vigor el 28 de octubre.
El estudio recomendaba "proponer la inclusión en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 las partidas necesarias para la plena satisfacción de los derechos de los menores víctimas de delitos, establecidos en el Estatuto de la Víctima".
Según señala el Ministerio de Justicia en un escrito remitido a la Institución, uno de los objetivos de su presupuesto para 2016 consiste en "incidir en la mejora de los servicios a colectivos necesitados de especial atención mediante una apuesta a favor de las víctimas, entre los que se encuentran los menores, equipos psicosociales y asistencia jurídica gratuita". A ello destinará 37,61 millones de euros, el 5,9% más que en 2015.
El proyecto de Ley de los PGE para 2016, también contempla un incremento del 17,64%, para programas de formación, tal y como pidió el Defensor del Pueblo. En total, el Ministerio destina 12,3 millones a programas de formación de fiscales y personal de la Administración de Justicia.
Entornos amigables
Justicia también ha aceptado la recomendación de favorecer entornos que disminuyan el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que declarar o testificar.
El Defensor del Pueblo recomendó dotar a los edificios judiciales de sistemas de videoconferencia y de salas específicas que permitan a los menores prestar declaración en un entorno adecuado y acompañados por personas de su confianza.
El Ministerio ha señalado que en el territorio nacional bajo su competencia existen 650 equipos de videoconferencias repartidos en 250 sedes. Además, los próximos PGE contemplan una partida de 97,9 millones de euros para inversiones en edificios y nuevas tecnologías y está en marcha un proyecto para adecuar salas en los juzgados que creen entornos amigables para la declaración de los menores.
La Institución también pidió que se refuercen las oficinas de asistencia a las víctimas y que cuenten con una persona acompañe a los menores a lo largo de todo el proceso penal.
Sobre este punto, Justicia ha destacado la ampliación en los PGE en la partida de atención psicológica de las víctimas. Dicha partida, que crece un 54,6% hasta alcanzar los 914.610 euros, garantiza "la atención a las víctimas más vulnerables, entre las que se encuentran los menores", ha detallado.
La Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores también han aceptado las recomendaciones del Defensor del Pueblo y han anunciado su intención de elaborar programas formativos sobre el Estatuto de la Víctima.
