El estudio traza una radiografía del estado actual de la organización judicial en Cataluña y aporta datos significativos referentes a los órganos judiciales, al personal, al volumen de asuntos, los medios materiales y la calidad de la Justicia, según informa Comunicae.
Los datos constatan que Girona y Lleida, por ejemplo, se encuentran infradotadas en cuanto a personal de la Administración de justicia y que existe una clara tendencia al mayor peso de las capitales con respecto al resto de cada provincia. También se detecta que, en la jurisdicción civil, los juzgados de fuera de la capital de provincia se encuentran más congestionados, menos atendidos por jueces titulares y sus resoluciones tienen una tasa de revocación más alta que los juzgados de las capitales. Pero, en cambio, no ocurre lo mismo en las jurisdicciones penal y social de los juzgados comarcales.
En cuanto al volumen de asuntos, los Tribunales de la provincia de Barcelona son los que más volumen de asuntos tienen, con diferencia, en el territorio de Cataluña y en todos los órdenes jurisdiccionales. Representan el 63% de todos los asuntos pendientes a finales de año, seguidos de los Tribunales de Girona (20%), Tarragona (12%) y Lleida (5%). Por jurisdicciones, la civil y penal son las que más volumen de asuntos representan en todo el territorio catalán. La jurisdicción civil representa el 39% del volumen de asuntos pendientes a final de año, seguida de la penal con un 35% de los asuntos, la laboral (22%) y la contencioso administrativa (4%). Si nos fijamos en los medios materiales, resulta que la provincia de Barcelona dispone de una media de 2,52 inmuebles por cada partido judicial, mientras que Tarragona cuenta con una media de 2,12, Lleida con 1,71 y Girona es la que presenta una media más baja de inmuebles por partido judicial: 1,51.
Media de jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes
La media en España es de 11,1 y Cataluña tiene 10,2, según los datos del CGPJ a 1 de enero de 2013.
Traslado de asuntos
El estudio también alerta de las consecuencias del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que tramita actualmente el Gobierno, que prevé el traslado de algunos asuntos a juzgados de partidos judiciales diferentes a los que correspondería por competencia territorial, en función de la carga de trabajo. La medida no afectará a los asuntos del ámbito civil, que seguirán siendo resueltos los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción más cercanos, pero sí a los ámbitos penal y social.
Y es que el informe analiza de forma monográfica las repercusiones, a nivel económico y social, que pueden tener en los ciudadanos las reformas de la organización judicial previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 27 de febrero. A pesar de que la actual reforma legislativa dista bastante del anteproyecto inicial -que preveía la supresión de los órganos judiciales actuales y su sustitución por Tribunales Provinciales de Instancia- el proyecto actual mantiene algunos de sus criterios esenciales, "de tal manera que en diversos ámbitos se producirán unos efectos prácticos similares a los que se hubieran producido con la implementación del primer anteproyecto" según concluye el estudio.
En este sentido, a pesar de valorar positivamente el hecho de que el nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial mantenga los partidos judiciales, el presidente del Consell, Abel Pié, se muestra contrario a la medida prevista en la LOPJ, ya que "deja en manos del presidente de la Sala de Gobierno el reparto de asuntos, que hasta ahora se rigen por unas normas legales de competencia territorial". Para Pié "este criterio pone en riesgo la justicia de proximidad".
Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater, considera que el valor añadido de este informe "consiste en reflejar datos objetivos y contrastados útiles para valorar el impacto de la reforma sobre el usuario del servicio público de la justicia" y muestra como este nuevo proyecto "reducirá la ratio de juez por habitante en Cataluña, ya preocupante en la actualidad".
El Observatorio Social y Económico de la Justicia realizará informes anuales para proporcionar más datos sobre aspectos de la Administración de Justicia que afectan a los ciudadanos, analizará las repercusiones económicas y sociales de las reformas legislativas, y llevará a cabo más estudios monográficos sobre cuestiones de especial relevancia para la prestación eficaz del servicio público de la Justicia. La Cátedra cuenta con el patrocinio de la Obra Social La Caixa y con la colaboración de la compañía Alter Mutua de los Abogados.
