Las reformas legislativas y estructurales acometidas, la adaptación a las nuevas tecnologías y el incremento de recursos humanos y materiales son las tres palancas que han propiciado un cambio en la relación del ciudadano con la Justicia, ha explicado el ministro.
Rafael Catalá ha detallado las principales reformas del sistema jurídico como la Ley Orgánica del Poder Judicial (mejora la gestión de plazos y la especialización de órganos judiciales); la Ley de Enjuiciamiento Civil (fomenta instrumentos de mediación y el uso de nuevas tecnologías); la Ley de Jurisdicción Voluntaria (distribución de competencias entre distintos operadores jurídicos), y la Ley de Enjuiciamiento Criminal junto a la reforma del Código Penal, en cuanto instrumentos básicos de lucha contra la corrupción.
El ministro ha hecho hincapié en aquellas políticas destinadas específicamente a apoyar a los colectivos más vulnerables entre las que ha citado las medidas en la lucha contra la violencia de género recogidas en el Estatuto de la Víctima del Delito (aporta asistencia, apoyo y protección a las víctimas especialmente vulnerables), la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia (incluye una reforma del sistema de pensiones para impedir el cobro por homicidas y reconoce a los hijos como víctimas de la violencia de género) y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (derecho a la asistencia gratuita a las víctimas con independencia de sus recursos económicos).
Otra de las vías principales de modernización de la Justicia ha sido la adaptación a las nuevas tecnologías, con la implantación de los proyectos de Justicia Digital, papel cero y la mejora de los servicios de tramitación electrónica. Además, ha explicado el ministro, hay avances notables en el Plan para la Aceleración de la Justicia en entornos digitales que engloba una amplia estrategia para alcanzar una Justicia digital, abierta e innovadora.
Por último, Catalá ha destacado la importancia de destinar los medios económicos y humanos necesarios para abordar una transformación de esta envergadura. Así, las dotaciones presupuestarias de las políticas de Justicia para 2016 crecen en un 7,24% respecto a 2015 y la oferta de empleo prevista para este próximo año es de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales y más de 2000 para los distintos cuerpos que prestan servicio a la Administración de Justicia.
