En una transaccional, aprobada este jueves por la Comisión de Justicia del Senado, la puesta en marcha de la medida queda aplazada dos años.
El ministro Rafael Catalá se comprometió este martes tras una reunión con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a buscar una solución que evitara que media docena de magistrados se vieran obligados a abandonar en el plazo de un mes sus puestos. La enmienda original de los 'populares' que ahora queda modificada especificaba que los jueces que tengan la condición de eméritos y superen los 72 años cesarán en el ejercicio de sus funciones el último día del mes en el que la LOPJ entre en vigor. Entre los afectados se encontraban varios de los adscritos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha asestado, en los últimos meses, varios golpes a la reforma laboral del PP.
La transaccional, avalada por cuatro grupos parlamentarios, especifica ahora que quienes, a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran prestando servicios como magistrados eméritos o magistrados eméritos del Tribunal Supremo, podrán continuar prestando sus servicios como tales durante un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, conservando su actual régimen retributivo. No obstante, en ningún caso podrán permanecer en esta situación cumplidos los setenta y cinco años.
En su justificación, el grupo 'popular' explica que con la modificación se mantiene "transitoriamente" la condición de emérito durante dos años más, con independencia de la edad, y hasta un máximo de 75, "para evitar perjudicar a los magistrados que en la actualidad ostentan tal condición".
La propuesta del PP mantiene en el texto la "jubilación forzosa" a los 70 pero da la opción de que soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, 72 años de edad.
La nueva redacción del texto especifica que jueces y magistrados conservarán los honores y tratamientos correspondientes a la categoría alcanzada en el momento de la jubilación. El PP justifica este cambio en la supresión simultánea de la figura del magistrado emérito a la que podían acogerse aquellos jueces que lo desearan hasta los 75 años.
La semana que viene, a pleno
Tras los cambios introducidos, la reforma de la LOPJ se llevará a Pleno la próxima semana. Una vez votada, volverá al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva.
La nueva norma amplía de cinco a siete el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, y elimina la obligatoriedad de que la Comisión de Igualdad del órgano sea presidida por una mujer. La ley también modifica la denominación de los secretarios judiciales, que pasarán a denominarse 'letrados de la administración de justicia'.
