Los autos dados a conocer cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, explican que "la deducción de testimonio de particulares no vulnera la inviolabilidad parlamentaria de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña a los que se refiere, pues, al igual que sucede con las advertencias y apercibimientos que se contienen los autos impugnados, todo responde a la finalidad de garantizar el cumplimiento de resoluciones del propio TC.
Las decisiones del Tribunal Constitucional, recuerda este órgano en ambos autos, dados a conocer este miércoles, han de ser cumplidas también por las cámaras legislativas y por los miembros que forman parte de los órganos de aquéllas".
Así, el tribunal vuelve a insistir en que la Mesa del Parlamento de Cataluña venía obligada, conforme a la doctrina constitucional, a inadmitir la propuesta de resolución del Parlament titulada "respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1º de octubre", pues la admisión a trámite "implicaba un manifiesto incumplimiento del deber de la Mesa de respetar lo acordado en su día por el tribunal de garantías.
Así, concluye que "es manifiesto" que la Mesa no lo hizo así "desatendiendo una vez más las advertencias de este Tribunal, reiteradas en las referidas providencias, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de este Tribunal, lo que determinó la estimación del incidente de ejecución y la nulidad de los acuerdos impugnados".
El Parlament contra la Monarquía
En otros autos igualmente unánimes, el TC también confirma la anulación los acuerdos de la Mesa del Parlament que reprobaban la monarquía y que fueron aprobados el 22 y el 29 de octubre de 2019 que reprobaban la Monarquía.
En estas resoluciones, cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Narváez, el Constitucional señala que "el debate público en las asambleas legislativas goza, precisamente al amparo de la Constitución, de una irrestricta libertad, siempre que no se articule o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales".
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