La concesión vendrá determinada, en gran medida, por el nivel de renta de los solicitantes, para atraer talento a las profesiones jurídicas, eliminando barreras socio-económicas que limiten el acceso a estas carreras y cuerpos. También, se tendrá en cuenta la condición de víctimas de violencia de género y/o de terrorismo o la superación de exámenes propios del proceso selectivo. Igualmente, se reserva un cupo del 5% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
El número de becas que está previsto convocar antes del verano, asciende a un total de 245, con una dotación global de 1,6 millones de euros. De ellas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes destinadas a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con un total de 6.611 euros anuales.
Estas becas, que se convocarán con periodicidad anual, con la posibilidad de ser renovadas hasta en otras tres ocasiones, consistirán en ayudas económicas directas a los beneficiarios, para dar cobertura a los gastos vinculados a la preparación de la oposición. Será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional.
Los beneficiarios de estas ayudas se obligan a realizar la actividad específica para la que se convocan y justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como de la finalidad contemplada. Para ello, deben someterse a cualquier actuación de comprobación, comunicar la posible obtención de otras subvenciones o ayudas similares y acreditar que se hallan al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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