A la ceremonia asistirán también el presidente del Tribunal Supremo (e.f.), Francisco Marín Castán; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la delegada del Gobierno en Cataluña, María Eugènia Gay; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Cataluña, Gemma Ubasart; vocales del CGPJ y miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal, así como los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades.
En la misma ceremonia recibirán sus despachos los 44 miembros -16 mujeres y 28 hombres- de la 22ª promoción del cuarto turno judicial, reservado a juristas de reconocida competencia con al menos diez años de ejercicio profesional.
El acto será retransmitido en streaming en la web del Poder Judicial y en las redes sociales.
El perfil de los integrantes de la 71ª promoción es, según se recoge en una encuesta realizada a su ingreso en la Escuela Judicial en 2021, el de una mujer (representan el 73,10 % del total) con una edad media de 29 años, que ha tardado cinco años y un mes en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas. Entre las razones que la llevaron a elegir esta profesión, pesaron especialmente su pasión por el derecho, la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales, la independencia e imparcialidad de su función y la posibilidad de contribuir en la lucha contra la delincuencia.
Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, Andalucía vuelve a ser la Comunidad Autónoma que más jueces aporta (29). Le siguen la Comunidad Valenciana (26), Madrid (22), Castilla y León (17), Canarias y Murcia (12 cada una), Aragón, Asturias y Cataluña (8 cada una), Galicia (7), Extremadura (6), Castilla-La Mancha (5), Navarra (4), Cantabria (3), País Vasco (2) y Baleares y La Rioja (1 cada una).
Aunque la media de edad de los alumnos de la promoción al ingresar en la Escuela Judicial era de 29 años, los más jóvenes eran tres que tenían 24 años y el más veterano, 50. La mayor parte de ellos contaban con entre 26 y 30 años cuando, hace dos, empezaron esta fase de su formación como jueces, una profesión a la que casi la mitad (el 49,12 %) decidió dedicarse mientras cursaba la carrera de Derecho. Un 33,33 % tomó la decisión antes de empezar sus estudios universitarios y un 17, 54 %, al terminar la licenciatura.
Sin juristas entre los familiares directos
Durante la etapa de preparación de la oposición, la práctica totalidad de los alumnos de la promoción (99,42 %) contó con el apoyo económico de sus padres. Casi un cuarto de ellos ha trabajado con anterioridad: el 17,54 % en un sector ajeno al ámbito jurídico y el 5,26 %, vinculado al ámbito jurídico. El 73,68 % no ha trabajado antes.
La tradición familiar no es el elemento determinante que llevó a los nuevos jueces y juezas a elegir la profesión. Las tres cuartas partes de los integrantes de la promoción (73,68 %) ni ha tenido ni tiene familiares (hasta el segundo grado de consanguineidad) que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica. De los que sí los tienen o han tenido, en el 7,02 % de los casos son jueces o magistrados y en el 19,30 % desempeñan otra profesión jurídica.
Profesión vocacional
Las razones que más han pesado en la elección de la profesión de juez tienen que ver con la vocación por el derecho y por el ejercicio de la función jurisdiccional. Así, un 96 % de los alumnos han elegido ser jueces porque les gusta el derecho. De ellos, se muestran muy de acuerdo con esta afirmación el 74 % y bastante de acuerdo, el 22 % restante.
De forma similar, la función del juez como garante de los derechos fundamentales es otro de los motivos que más han influido en los integrantes de la promoción a la hora de encaminar su vida profesional. Así, se muestra muy de acuerdo con esta idea el 66 % y bastante de acuerdo el 29 por ciento.
La independencia y la imparcialidad de la función judicial fue el principal atractivo de la profesión de juez para el 75 por ciento de los encuestados. Bastante de acuerdo con esa afirmación se ha mostrado también otro 20 % de los alumnos.
Finalmente, casi la mitad de los nuevos jueces y juezas (43 %) eligió la profesión para contribuir a la lucha contra la delincuencia. Un 44 % más se sienten bastante identificados con esta opción.
El elemento determinante para ser juez fue el hecho de encarnar un poder del Estado para el 24 % de los alumnos; para un 43 %, la estabilidad en el empleo y para el 56 por ciento la contribución con un servicio público. Las condiciones económicas de la profesión fueron la opción más elegida por un 9 por ciento de los encuestados.
El área Penal vuelve a ser la más atractiva para los nuevos jueces y juezas. El 32,47 por ciento de ellos querría ejercer en ese orden jurisdiccional en el futuro. Por orden de preferencia, le siguen Civil (18,35 %), Familia (12,24 %), Menores (11,53 %), Violencia sobre la Mujer (9,41 %), Vigilancia Penitenciaria (5,41 por ciento), Mercantil (4,24 %), Contencioso-Administrativo (3,53 por ciento) y Social (2,82 %).
Cataluña, primer destino para 76 nuevos jueces
Cataluña es la Comunidad Autónoma a la que irán destinados más miembros de la promoción, pues contará con un total de 76 nuevos jueces. Los demás se repartirán del siguiente modo: 27 ocuparán su primer destino en Andalucía, 5 en Aragón, 5 en Baleares, 8 en Canarias, 13 en Castilla-La Mancha, 1 en Castilla y León, 1 en la Comunidad Valenciana, 12 en Extremadura, 12 en Galicia, 1 en La Rioja, 1 en la Región de Murcia y 3 en el País Vasco.
La 22ª promoción del cuarto turno judicial
Por su parte, los 44 integrantes -26 hombres y 18 mujeres- de la vigésimo segunda promoción del cuarto turno judicial, que acceden a la Carrera Judicial tras superar un concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional y un curso de formación en la Escuela Judicial, tienen asimismo asignados sus primeros destinos.
Cataluña es también la Comunidad Autónoma a la que irán destinados más miembros de la promoción del cuarto turno, un total de 16. Le sigue Baleares, con 6; Castilla-La Mancha, con 5; Canarias, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, con 3 cada una; y con dos, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana.
