Fue el preámbulo de una reunión de alto nivel, que ha reunido en la sede del Defensor del Pueblo a los fiscales de la Unidad de Discapacidad con distintos responsables del Alto Comisionado.
El objetivo del encuentro ha sido intercambiar experiencias y establecer mecanismos de coordinación entre la Fiscalía y la institución del Defensor del Pueblo, al compartir competencias en la protección de los derechos de los mayores y las personas con discapacidad. Especial atención se ha prestado en la reunión a los protocolos de vigilancia que ambas instituciones aplican en las inspecciones que realizan a residencias y a unidades y centros psiquiátricos, entre otros, así como al control de las sujeciones y contenciones a las que puede someterse en estos entornos a los residentes.
Este foro también ha servido para intercambiar opiniones y preocupaciones sobre el reto que está planteando la Ley 8/21, que ha desjudicializado el tratamiento de la discapacidad, potenciando la figura de la guarda de hecho como sistema de apoyo para estas personas.
En la reunión han estado presentes, además de María José Segarra, los fiscales adjuntos a la Fiscal de Sala, Avelina Alía y David Mayor, así como la directora del Gabinete de la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, Mª José Pastor, o los directores de las áreas de Seguridad y Justicia y de Sanidad y Política Social de esta Institución, así como la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
