Tras la reciente reforma del precepto constitucional en que por primera vez se menciona expresamente a las mujeres con discapacidad, en la Carta Magna, la FCM entiende que este mandato de atender las necesidades específicas de la población femenina con discapacidad "debe trasladarse a todo el ordenamiento jurídico y todos los niveles de política pública, estatal, autonómica y local", según ha informado este miércoles en un comunicado.
Según precisa CERMI Mujeres, "con este documento de carácter orientativo y prescriptor" quieren "señalar las esferas legales y de acción y estrategia públicas en que el nuevo mandato constitucional debe tener reflejo, sobre todo en los ámbitos que se revelan especialmente críticos para el ejercicio regular de los derechos, la inclusión y el bienestar de las mujeres con discapacidad".
"Se trata de traducir, de modo ordenado, sistemático y priorizado, en cada nicho de actuación pública las exigencias y requerimientos de lo ordenado por el artículo 49 de la Constitución respecto de las mujeres con discapacidad, que pasa primero por detectar las necesidades más apremiantes que estas tienen y luego por habilitar una respuesta oficial a la altura de los desafíos planteados", subraya.
Con esta agenda política de origen constitucional, la FCM quiere orientar su estrategia de incidencia y diálogo con los poderes públicos --legislativo, ejecutivo y judicial-- hasta 2030.
