Así lo establece la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que ha aprobado el Congreso de los Diputados de forma definitiva y que en unos días estará plasmada en el Boletín Oficial del Estado. El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, acompañado de varios consejeros, ha asistido hoy al debate y al término de la votación ha felicitado por el resultado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Con respecto a las novedades que introduce la aplicación de la nueva ley, demostrar que se ha intentado realizar una negociación previa para eludir el pronunciamiento de la Justicia será imprescindible, por lo que los letrados y su capacidad para alcanzar acuerdos entre las partes serán clave a la hora de reducir el volumen de litigios que se acumulan en la jurisdicción con más actividad del sistema.
También está contemplado ya en el texto definitivo que en el caso de condena en costas en favor del litigante que haya sido asistido por un profesional del Turno de oficio, esas costas deberán abonarse directamente al abogado y no a su cliente. Lógicamente, en estos casos el letrado deberá devolver lo recibido a través del Turno.
El Consejo General se ha manifestado reiteradamente en favor de los denominados Medios Adecuados de Resolución de Controversias (MASC), siempre poniendo a los profesionales de la abogacía en el centro del proceso de diálogo, pues son quienes acumulan más experiencia en los procesos de resolución sin llegar a los tribunales.
Al margen del contenido de la norma, el presidente del Consejo General, Salvador González, reitera la importancia de que se de participación a los profesionales en el proceso de implantación de la ley, así como que cuente con los medios necesarios para que pueda tener los efectos deseados en el funcionamiento del servicio público de justicia.
El propio presidente de la Abogacía y algunos consejeros han mantenido esta mañana un encuentro con los miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales del Consejo General del Poder Judicial en el que se ha abordado la necesidad de coordinar la implantación de los MASC y de la ley en su conjunto.
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