Dicha reforma implica la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y da cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido los proyectos asegurando que garantizan los derechos de los menores.
Nuevo procedimiento judicial para la determinación de la edad
Uno de los proyectos de ley prevé que el procedimiento de determinación de la edad, cuando esta no se conoce o existen dudas, pase de ser un proceso administrativo a ser un proceso judicial centrado en los derechos de la persona y regido por el principio del interés superior del menor.
El nuevo protocolo reconocerá la presunción de minoría de edad, el derecho a ser escuchado y tomar parte en el procedimiento y el derecho a la dignidad e intimidad, prohibiendo desnudos integrales y otras pruebas invasivas. Asimismo, garantizará la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento y el derecho a contar con un intérprete si es necesario.
Para evitar que el nuevo protocolo provoque demoras en los tiempos de gestión, el Gobierno se ha comprometido a reforzar los recursos de la Administración de Justicia en los territorios con mayor presión migratoria, como Canarias, Ceuta y Melilla.
Medidas en el ámbito penal
El segundo proyecto de ley, con carácter de ley orgánica, atribuye la determinación de la edad al Juzgado de Menores cuando la persona se encuentre detenida por su presunta participación en una infracción penal y exista duda razonable sobre su minoría o mayoría de edad.
La atribución de esta competencia se fundamenta igualmente en el principio de presunción de la minoría de edad que reconocen el derecho español y el internacional.
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