En la inauguración de la decimosegunda edición de este congreso internacional que tiene como lema “En defensa de quienes defienden”, González lanzó “un mensaje claro: defender a quienes nos defienden no es opcional, es obligatorio y urgente”.
“No es solo un lema: es una urgencia, es una causa, es justicia. En demasiados países, ejercer la abogacía se ha convertido en un acto de valentía. Intimidaciones, vigilancia, censura, criminalización: a esto se enfrentan quienes defienden derechos humanos”, afirmó el presidente de la Abogacía.
En la inauguración intervino también el abogado general del Estado, David Vila, quien habló de la “necesidad de proteger la función del abogado” y se refirió a los “diferentes métodos de ejercer presión sobre un abogado”.
González destacó que en este 2025 se han conseguido dos hitos importantes, fruto de años de trabajo de la Abogacía: la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que refuerza las garantías para el ejercicio libre e independiente de la abogacía; y la aprobación, por parte del Consejo de Europa, del Convenio para la Protección de la Abogacía, que establece por primera vez un marco internacional vinculante para proteger a los abogados y abogadas .
Sobre este último, González señaló que “aún sigue sin estar ratificado por nuestro país. Confío en que lo sea pronto, como se comprometió a ello el ministro de Justicia”.
Sobre esas herramientas nacionales e internacionales de protección a la abogacía se habló en la primera mesa redonda con Noemí Alarcón, vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), la fiscal Escarlata Gutiérrez y Luis Gonzaga, abogado del Estado, quien destacó la importancia de la protección del derecho de defensa y de la especialización de los abogados y abogadas.
Alarcón explicó que el Convenio del Consejo de Europa busca “garantizar la independencia y autonomía de la abogacía”, y denunció que incluso en países como España “se producen injerencias y presiones; a veces hay prácticas que pueden inferir en el ejercicio práctico de nuestra profesión y debilitan al Estado de derecho”.
Gutiérrez señaló la importancia de que haya una “abogacía independiente y libre de injerencias del poder público, con organizaciones colegiales que protejan a los colegiados”. “Es importante blindar la independencia de una profesión tan esencial para la democracia y el Estado de derecho”, añadió.
En esta edición del Congreso se va a poner el foco en la importancia de proteger el ejercicio libre y seguro de todos los abogados y abogadas, sobre todo de aquellos que ven amenazada su práctica profesional en entornos de riesgo. De ello se habló en una mesa redonda con la abogada ecuato-guineana Gema Jones, la abogada palestina Sahar Francis y el abogado saharaui Hali M’hamed quienes contaron las dificultades que encuentran en sus países para ejercer y defender los derechos humanos.
“Cuando un profesional de la abogacía es silenciado, no solo se vulnera su derecho, se vulnera el derecho de toda la sociedad a la justicia”, aseguró el presidente de la Abogacía.
Otra mesa se centró en las iniciativas de protección a la abogacía. Joaquín Nieto, presidente de la Asociación pro Derechos Humanos (APDHE), alertó sobre la persecución generalizada de la abogacía defensora. Alfredo Irujo, miembro del Bureau del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, hizo un llamamiento a sumarse al mismo para atender a los abogados que ponen su vida en peligro por proteger a la ciudadanía. Carles García, del Colegio de Barcelona, habló sobre el objetivo último del trabajo de la abogacía, “servir a la ciudadanía, defender derechos y garantizar el acceso a la justicia». Y Natalia Segura compartió las iniciativas de protección de Lawyers for Lawyers basadas en fortalecer capacidades, empoderamiento y resiliencia.
Este Congreso es un espacio estratégico para reflexionar, visibilizar y actuar en torno a la protección de la abogacía defensora de derechos humanos. Y ha servido también para poner en valor el compromiso de la Abogacía Española en la defensa de la defensa. «Hemos reafirmado que proteger la abogacía es proteger el Estado de derecho; nos interpela a toda la sociedad», subrayó Encarna Orduna, secretaria general de la Abogacía Española, en la clausura de esta edición del Congreso.
