La jornada contó con la participación de Daniel Cifuentes y Yolanda Valdeolivas, socio y Of Counsel de esta práctica, respectivamente, quienes ofrecieron una visión integral sobre las resoluciones más relevantes dictadas en los últimos meses por los principales tribunales nacionales e internacionales.
El seminario fue inaugurado por Daniel Cifuentes, quien destacó el absentismo laboral como uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las empresas, debido a sus elevados índices. Para el socio de Pérez-Llorca, “el absentismo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las compañías, no solo por su impacto económico, sino también por sus implicaciones organizativas y de gestión de personas”. Asimismo, anunció la puesta en marcha por parte del Gobierno del Observatorio de la Incapacidad Temporal, como medida orientada a analizar y paliar esta problemática.
En materia de negociación colectiva, Cifuentes analizó la reciente propuesta de CCOO y UGT sobre el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, mientras que Yolanda Valdeolivas profundizó en sus principales novedades y en su posible impacto práctico. En este punto, los ponentes introdujeron de forma preliminar la cuestión de la igualdad retributiva por razón de género, que sería desarrollada posteriormente.
La sesión también abordó las nuevas tendencias en materia de protección del informante, destacando la creación de un canal específico en la sede electrónica de la Autoridad Independiente para la recepción de denuncias y los retos que supondrá su implementación para las empresas.
En relación con las perspectivas del mercado laboral, los ponentes hicieron referencia tanto al informe anual de la Organización Internacional del Trabajo sobre Inteligencia Artificial como a la encuesta publicada por la Cámara de Comercio de España, poniendo de relieve la transformación tecnológica y organizativa que atraviesan las compañías. En este contexto, Valdeolivas recordó que “el incremento de las cotizaciones aprobado para 2026 y el refuerzo de determinadas obligaciones administrativas configuran un escenario de mayor exigencia para las empresas”.
En el segundo bloque de la jornada, dedicado a la Crónica de Jurisprudencia, los ponentes realizaron un repaso exhaustivo de las resoluciones más relevantes del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Entre otras cuestiones, se analizaron pronunciamientos relativos a las aportaciones empresariales al Tesoro Público, los complementos de Incapacidad Temporal, la conciliación, el cambio de convenio colectivo, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, el permiso parental del artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, la libertad sindical, la privacidad de los datos salariales y diversas cuestiones vinculadas al tiempo de trabajo.
A continuación, y como ya es habitual en las sesiones de “Pérez-Llorca Laboral al Día”, Cifuentes y Valdeolivas presentaron el “Top 3” de las sentencias más relevantes de los últimos meses. En esta ocasión, la primera posición se centró en las resoluciones sobre absentismo y su impacto en el salario, destacando, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 y 16 de enero de 2026, que consideran discriminatorio excluir los periodos de Incapacidad Temporal del devengo de pluses de asistencia o de la retribución variable, frente a pronunciamientos de la Audiencia Nacional, como la Sentencia dictada el 6 de octubre de 2025, que avalan el prorrateo proporcional del incentivo cuando no se penaliza indebidamente la situación de baja.
En la última parte de la jornada, los ponentes abordaron los aspectos clave de la Directiva 2023/970, que refuerza las obligaciones de transparencia retributiva. Según explicó Valdeolivas, esta norma no sustituye el régimen ya existente en España, sino que añade nuevas obligaciones orientadas a fortalecer la cultura de la transparencia. En este sentido, la Of counsel del Despacho sostuvo que “la Directiva introduce un cambio de paradigma al ampliar el derecho de información, que deja de centrarse exclusivamente en la representación legal de los trabajadores para proyectarse también sobre la persona trabajadora a nivel individual”. Asimismo, advirtió de que, dada la precisión de sus mandatos, determinadas disposiciones podrían ser susceptibles de aplicación directa si no fueran correctamente transpuestas antes del 7 de junio de 2026.
