Insistió en que tanto el Ministerio de Justicia como los responsables de la convocatoria tienen la obligación de retomar las conversaciones para llegar a un acuerdo lo antes posible.
La Abogacía Española ha enfatizado que todos los trabajadores y profesionales cuentan con el derecho a realizar huelga en defensa de lo que crean justo. No obstante, ha advertido que no se deben menoscabar otros derechos como el derecho a la defensa o el derecho al acceso a la justicia. Esto es especialmente importante en situaciones de extrema urgencia o cuando estén implicadas personas en situación de vulnerabilidad.
Por ello, ha exigido que continúen las conversaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los daños desproporcionados sufridos por la ciudadanía y que permita que los juzgados recuperen su actividad como siempre.
Debido a los últimos datos relativos al seguimiento del paro, la Abogacía Española ha resaltado que, en este contexto, los actos asociados a la huelga no deben buscar el objetivo de causar el mayor daño posible a los derechos de la ciudadanía, sino que el propósito debe ser el de mostrar al otro lado la insatisfacción por la situación y la necesidad de realizar cambios.
Ha explicado que suspender los actos judiciales causa un daño considerable al funcionamiento de la Justicia, así como obligar a los profesionales y a los justiciables a invertir muchas horas para acudir a los citados, sabiendo de antemano que no se celebrarán, siendo una injusta represalia contra aquellos que ya estaban afectados por el colapso de los juzgados y tribunales.
Así, la Abogacía ha pedido a los LAJs que notifiquen con antelación a las partes la suspensión de los señalamientos.
Retraso de cuatro meses en Justicia por la huelga
Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que iniciaron una huelga indefinida el pasado 24 de enero, indicaron el martes --durante la undécima jornada de protesta-- que "para recuperar la demora ocasionada por las primeras dos semanas de huelga, se requerirían al menos cuatro meses de trabajo".
El comité de huelga estima que desde el comienzo del parón, el número de juicios y vistas suspendidos en España es de 100.000. En Madrid, el número es aún mayor, con 12.000 juicios y vistas suspendidas y más de 18.000 demandas paradas pendientes de reparto.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la huelga indefinida ha provocado la suspensión de 2.259 procedimientos procesales durante la semana entre el 30 de enero y el 3 de febrero.
Las asociaciones convocantes afirmaron que el saldo de los ingresos judiciales se encuentra bloqueado y que hay aproximadamente 350 millones de euros pendientes de entregar debido a la huelga. Además, se estima que 12 millones de euros de multas en casos de ejecución penal no han sido ingresados al tesoro público.
Los letrados han señalado que la actividad en los juzgados se ha reducido en más de un 60%.
