En virtud de este acuerdo, las más de 800 fundaciones miembro de la Asociación Española de Fundaciones -en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra ambas lacras sociales- podrán recibir información de la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y de la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDRP), del Consejo General del Notariado (CGN).
Ambas bases han sido desarrolladas por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) del CGN a partir de la información que consta en el Índice Único Informatizado Notarial, donde se recogen los datos de las escrituras públicas autorizadas por los cerca de 3.000 notarios españoles.
Las fundaciones de la AEF podrán obtener información sobre la titularidad real de aquellas personas jurídicas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de cada fundación firmante de un acuerdo singular, o respecto de las cuales la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales requiera conocer su titularidad real con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio.
Asimismo, podrán saber qué personas físicas tienen responsabilidad pública o son familiares o allegados de personas con dicha responsabilidad.
Para obtener esta información las personas autorizadas previamente solo tendrán que introducir en las bases el número de identificación fiscal (NIF), si se trata de una persona jurídica española, o de la razón social, si se trata de una persona jurídica extranjera.
De forma automatizada y prácticamente inmediata recibirán nombre, apellidos y número y tipo de documento identificativo de la persona o personas físicas que figuran como titular o titulares reales de esa persona jurídica; así como su país/países de nacionalidad y fecha de nacimiento, y en caso de tenerse el dato, el porcentaje de propiedad o control.
Ambas instituciones se comprometen a tratar la información de manera acorde a la normativa sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Los datos recibidos serán utilizados exclusivamente para la aplicación de las medidas de diligencia debida previstas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Si es preciso, las fundaciones se dotarán de las medidas organizativas oportunas en sus respectivas estructuras para garantizar la seguridad, sigilo y confidencialidad de los datos solicitados y remitidos.
Para Javier Nadal, presidente de la AEF, este convenio forma parte del compromiso de la Asociación Española de Fundaciones con la profesionalización y el buen gobierno del sector y de sus fundaciones asociadas.
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General Notariado, explicó que los notarios llevan años colaborando en la prevención del blanqueo de capitales, creando herramientas que les permiten alcanzar acuerdos con otras instituciones y organismos para, entre todos, luchar más efectivamente contra esta y otras lacras sociales.
Sobre la AEF
La AEF es una asociación con personalidad jurídica propia declarada de utilidad pública, que asocia a 884 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, autonómico, nacional e internacional), cuyos fines principales son representar y defender sus intereses y fortalecer y articular el sector fundacional, así como mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones contribuyendo a su transparencia y buen gobierno.
Sobre las bases de datos notariales
Desde marzo de 2012, y gracias a su función en el ámbito mercantil, el Notariado dispone de una Base de Datos de Titularidad Real, que permite saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. Esta herramienta tiene identificados de manera acreditada titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. Gracias a ella es posible identificar a los auténticos propietarios de las empresas y rastrear la constitución de sociedades fantasma y testaferros.
En la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, creada en 2014, están identificadas 24.459 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 24.368 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil) y 3.119 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública.
