Se trata de un plan vinculado a las nuevas reglas fiscales europeas. Lo aprobado recoge que se concedan dos décimas más de margen fiscal a las comunidades autónomas en los años 2025 y 2026 con respecto a los objetivos vigentes. Esto supone más de 3.000 millones de margen cada año. Para las entidades locales, esta senda les concede una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026. Lo que se traduce en 1.600 millones en el primer año y 3.350 millones más de margen el segundo año.
El Gobierno la remitirá de nuevo al Congreso y Senado para su aprobación de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2025.
Objetivos
Para 2025, el conjunto de las Administraciones tendrá un objetivo de déficit del 2,5%. En 2026, se situará en el 2,1%. En 2027, deberá bajar al 1,8%.
Para 2025, el objetivo de la Administración Central será del 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, se reducirá al 1,8%. Y en 2027, el déficit tendrá que llegar al 1,5%. El objetivo es dar más margen a los territorios.
Por último, la Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios. Atrás dejará el 0,1% que debía alcanzar en 2026 y el equilibrio presupuestario en 2027.
Techo de gasto
En el Acuerdo se incluye el techo de gasto para 2025, que es el que ya aprobó el Gobierno e informó del mismo al Parlamento, tal y como exige la ley. El límite de gasto no financiero nacional, sin incluir los fondos europeos, se elevará hasta los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024.
El límite de gasto no financiero total, que sí incluye los fondos europeos, se sitúa en 199.171 millones de euros. Una cifra que responde al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Todas estas cifras serán la base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Estos PGE incluirán un incremento de las partidas destinadas para los servicios públicos que se combinarán con la estabilidad presupuestaria.
Se mantiene así la política de cumplir los compromisos asumidos con la Comisión Europea e incrementar los recursos en sanidad, educación o el empleo de los ciudadanos.
