Esta Directiva introduce obligaciones para las grandes empresas, con más de 1,000 empleados y un volumen de negocios superior a 450 millones de euros, para gestionar los efectos negativos de sus operaciones en los derechos humanos y el medio ambiente, incluyendo las actividades de sus filiales y socios comerciales.
Las empresas deberán implementar un sistema basado en el riesgo para supervisar, prevenir o remediar los daños identificados por la Directiva. En caso de violación de estas obligaciones, las empresas deberán tomar medidas adecuadas para prevenir, mitigar, detener o minimizar los impactos adversos, y podrían ser consideradas responsables de los daños causados.
Además, las empresas afectadas deberán adoptar y ejecutar un plan de transición climática alineado con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
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