Este proyecto de ley procede del Real Decreto-ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, convalidado por el Pleno del Congreso el 28 de enero. Incluye, como "medida económica y social de apoyo" para hacer frente a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, una exención en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física.
Esta exención es válida para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, de prestaciones autonómicas establecidas en concepto de renta mínima de inserción y otras ayudas públicas destinadas a "garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos o se encuentren en riesgo de exclusión social", hasta un importe máximo de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, el IPREM.
También incluye una concesión de ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda por importe de 638.000.000 de euros, con carácter ampliable, para hacer frente a la ejecución de la sentencia 1404/2020 del Tribunal Supremo de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en relación con el Proyecto Castor. Para obtener la financiación necesaria para atender al pago, se recurrirá en parte a deuda pública "al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo".
Asimismo, el texto modifica la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para ampliar en un año los plazos para efectuar la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), dotada con los beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y para las inversiones anticipadas realizadas en 2017. Como consecuencia del impacto de la pandemia en los beneficios empresariales en el ejercicio 2020, "el Gobierno considera oportuno dar la posibilidad de realizar la dotación en 2021".
Modificación de la Ley Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
En las disposiciones finales del proyecto de ley se reforma la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para que las contribuciones de España a las instituciones financieras multilaterales, en cuyos calendarios establecidos internacionalmente se determine de esta forma, puedan realizarse en un año natural distinto a aquél en el que se adquirió el compromiso.
El objetivo es habilitar de forma urgente el mecanismo para adaptar la tramitación de los expedientes de gasto, para que "España pueda integrarse en tiempo y en forma en los instrumentos que las instituciones financieras multilaterales ponen en marcha para dar una respuesta global a la crisis de la COVID-19".
