Autorización judicial para la enajenación de bienes de menores o incapacitados. ¿Existe plazo para proceder a la enajenación instada?

La pregunta no tiene respuesta en la LEC de 1881, EDL 1881/1...

La pregunta no tiene respuesta en la LEC de 1881, EDL 1881/1, (arts. 2011 a 2030), vigente hasta en tanto no entre en vigor la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria (Disp. Derog. Única 1.1ª de la LEC de 2000), por cuanto que, en esencia, en este sencillo expediente de jurisdicción voluntaria basta con dar cumplimiento a los presupuestos que fija el art. 2012 para que el Juzgado acceda a la pretensión de la enajenación solicitada, por lo que, en principio, podríamos decir que donde la ley no distingue no debemos hacerlo, de manera que la respuesta al interrogante planteado sería en términos negativos, pero es el caso, como bien sabemos, que los expedientes de dicha naturaleza se caracterizan, entre otras:

(i) en cuanto a la forma, porque en ellos se sigue un criterio de mucha menor formalidad que en la jurisdicción propiamente dicha;

(ii) por no haber reglas generales que determinen el procedimiento a seguir; y

(iii) porque se puede variar o modificar las resoluciones de ordenación procesal, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción contenciosa.

Ello significa que, en función de las circunstancias que concurran en cada caso, se podrán concretar o no unas determinadas y concretas medidas de garantía en pro de los intereses del menor, es decir, que si bien la resolución por la que se autorice a la enajenación de bienes de titularidad de menores si no se fija plazo no cabe hablar, en absoluto, de ser una resolución no ajustada a derecho, ello no es óbice a que quepa perfectamente, en atención al principio del interés y beneficio del menor, imponer un plazo preclusivo para que los interesados instantes del expediente procedan a consumar la enajenación a fin de que esa autorización judicial no quede “sine die” pendiente de materialización, con las consecuencias negativas que puede generar no solamente a los intereses del menor, sino del propio control que sobre dicha actuación deben tener autoridad judicial y Ministerio Fiscal, de ahí que, a mi entender, jurídicamente sea viable la fijación de plazo prudencial para proceder a la enajenación instada.

En esta ocasión se nos plantea la cuestión de si resulta via...

En esta ocasión se nos plantea la cuestión de si resulta viable jurídicamente la fijación de un plazo para proceder a la enajenación de los bienes de menores o incapacitados cuya autorización se insta ante los Juzgados.

El art. 166 CC (EDL 1889/1) establece que u0022los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscalu0022. Igualmente, el art. 271 del mismo texto legal impone la necesidad de autorización judicial para la enajenación de bienes inmuebles por los tutores. Por su parte, el art. 2011 LEC de 1881 (EDL 1881/1) establece que u0022será necesaria autorización judicial para enajenar o gravar los bienes de menores o incapacitados en los supuestos en que así lo establezca el Código Civilu0022.

Tal y como dispone el primer precepto transcrito para conceder la autorización judicial a los padres para proceder a la enajenación de bienes inmuebles de los hijos menores de edad es necesaria la concurrencia de una causa justificada de utilidad o necesidad. Este mismo requisito se repite en el art. 2012 LEC de 1881 al disponer que para decretar la enajenación o gravamen será necesario: “…2.º Que se exprese el motivo de la enajenación o del gravamen y la finalidad a que se debe aplicar la suma que se obtenga y 3.º Que se justifique la necesidad o utilidad de la enajenación”.

Condicionan, por tanto, estos preceptos la autorización de la venta de un inmueble propiedad de un menor o incapacitado a la existencia de una causa justificada de utilidad o necesidad que justifiquen dicha enajenación. Ninguno de los preceptos citados hace referencia alguna a la posibilidad de que el Juez establezca un plazo dentro del cual deba procederse a la venta del inmueble, pero la no mención de este plazo no puede conducir a la conclusión de que el Juez no pueda condicionar la autorización de la enajenación a que se efectúe en un determinado momento si entiende que es necesario establecerlo para proteger el interés del menor o incapaz.

En Derecho español, como en otros muchos ordenamientos, han estado tradicionalmente restringidos los actos de enajenación de los padres sobre bienes de los menores no emancipados. La legislación anterior al CC adoptaba ya medidas a este efecto. La regulación anterior al actual art. 166 CC se encontraba en el art. 164, si bien de forma más limitada que la actual. El art. 166 mejoró e intensificó las limitaciones a la enajenación de bienes de los hijos.

Como he señalado antes, en la regulación actual para que se conceda la autorización judicial para la enajenación es preciso que concurra una causa justificada de utilidad o necesidad. Tramitado el correspondiente expediente el Juez acordará la procedencia de la enajenación siempre y cuando se haya acreditado la conveniencia, o como señalan los preceptos citados, la utilidad o necesidad de la enajenación, y esta conveniencia debe referirse al momento mismo, o al menos muy próximo, en que se resuelve el expediente.

La forma de garantizar que la enajenación de un bien inmueble propiedad de un menor o incapacitado responda única y exclusivamente al interés de estos es acotando el momento en el que pueda efectuarse la enajenación. Solo de este modo, pues el Juez acaba de valorarlo, se asegura que la enajenación responda a la necesidad que efectivamente en ese momento concurre, y que se realice en las condiciones económicas que se valoraron para conceder la autorización.

Si concedida la autorización no se procede de forma próxima en el tiempo a la enajenación, las garantías que los preceptos citados imponen para que la enajenación corresponda únicamente a la conveniencia del menor o incapacitado se diluyen. Si la enajenación se realizara transcurrida un largo periodo de tiempo no puede asegurarse que la necesidad de la venta se mantenga o que las condiciones económicas concurrentes en el momento en que vaya a procederse a la enajenación sean las más beneficiosas para ello. Piénsese, por ejemplo, en los incrementos de valor que años anteriores sufrían los inmuebles y que procediera a efectuarse la venta muchos años después del momento en que se autorizó la enajenación, y partiendo de un valor que nada tenga que ver con el valor del inmueble en el momento en que efectivamente se proceda a la venta. La necesidad o utilidad de la enajenación podría haber desaparecido, por haber cambiado las circunstancias económicas entonces concurrentes o haber desaparecido el motivo que justificaba la enajenación, por ejemplo la necesidad de cubrir un gasto de estudios o de una determinada intervención médica, y ser las condiciones económicas en las que se autorizó la enajenación absolutamente diferentes.

Entiendo, por tanto, que el Juez puede fijar un plazo para proceder a la enajenación del inmueble propiedad de un menor o incapacitado, transcurrido el cual no podrá procederse a la venta salvo con una nueva petición de autorización para la enajenación. No podemos olvidar que el art. 158 CC permite adoptar al Juez cuantas medidas sean precisas para evitar al menor cualquier perjuicio, precepto al que se remite el art. 216 CC en el caso de personas sujetas a tutela.

En relación a los hijos menores, el art. 166 CC (EDL 1889/1) establece la ne...

En relación a los hijos menores, el art. 166 CC (EDL 1889/1) establece la necesidad de la autorización del juez, con audiencia del Ministerio Fiscal, para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios... sino por causas justificadas de utilidad o necesidad.

Por su parte, y con referencia a los incapacitados, el art. 271 del mismo texto legal dispone que el tutor necesita autorización judicial a los mismos fines antes indicados, sobre venta o enajenación de bienes de los incapacitados.

Asimismo, el art. 273 del mismo texto legal establece la necesidad de recabar los informes pertinentes, antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los arts. 271 y 272.

De la interpretación conjunta de estos preceptos, en su relación con el art. 2011 de la antigua LEC de 1881 (EDL 1881/1), es claro que cuando se concede la autorización judicial al objeto y fin antes señalado, para el caso de los menores o incapacitados, propiedad tales bienes de estos, se puede deducir que no se está facultando a los padres, progenitores, tutores, para actuar sin control judicial, una vez concedida dicha autorización, de modo que no se ofrece a aquellos un u0022cheque en blancou0022 para elegir la fecha, el periodo o el momento en el que debe procederse a la enajenación instada.

En efecto, cuando se insta la solicitud de enajenación de bienes se deben ofrecer las concretas razones que justifican la enajenación, por cuanto que no se olvide que tal disposición siempre será autorizada en la medida que lo exija el interés y el beneficio a proteger, que no es otro que el que corresponde a los menores o incapacitados, de modo que, en primer lugar, y en el escrito de solicitud de autorización judicial se debe hacer constar de una manera muy detalladas la situación personal, familiar, social, material, patrimonial y económica de los menores e incapacitados, pues en la medida que se acredite que tal enajenación lo exige la situación y posición, actual, en la que se encuentran aquellos, será posible acceder a dicha autorización judicial.

Por ello, la solicitud, generalmente, sólo se justifica en razón a una concreta circunstancia, o varias, que exigen de modo urgente, y a corto plazo, la necesidad de realizar una operación de enajenación o venta, a fin de conseguir liquidez suficiente para atender el total de las necesidades de los menores o incapacitados, porque hayan venido a peor fortuna, o por razón del empeoramiento en la situación patrimonial y económica que hayan sufrido los mismos, por no contar los mismos, en el momento en el que se solicita la autorización, con medios necesarios para su propia subsistencia, alimentación, alojamiento, asistencia médica, asistencia clínica, gastos de internamiento del incapaz, de cuidado y ayuda de terceros, gastos de educación, escolarización, respecto de los hijos etc.

Dicho lo que antecede, se trata de evitar, en la medida de lo posible, actuaciones especulativas, afectando sin fundamento los bienes de aquellos, mermando sin justificación alguna el patrimonio de los mismos.

La consecuencia de todo ello es que se debe dar explicación de las circunstancias actualizadas afectante a la vida de los menores o incapacitados, en todos los ámbitos, y también se debe justificar que del total del patrimonio de aquellos se hace necesaria la venta de un concreto bien, muebles o inmuebles, ofreciendo información acerca del valor de los mismos, de la concreta operación de venta que se trata de realizar, del importe de la enajenación o venta que se va a obtener, siendo también lo recomendable instar la autorización cuando se tenga la certeza de la vialidad de dicha enajenación, lo que supone, necesariamente, preservar el valor real de los bienes y ofrecer información sobre la parte compradora de dichos bienes, acerca de su solvencia, medios y modo de pago, así como el fin al que se va a destinar dicho importe, que no puede ser otro que el de emplear el precio de la enajenación en solventar las necesidades totales y globales a las que, perentoria y urgentemente, se deben hacer frente para garantizar el debido cuidado y la atención que exigen aquellos.

Por tanto, se excluye cualquier autorización que no exprese de manera detallada la urgente y perentoria necesidad de proceder a la enajenación en beneficio e interés de aquellos, menores o incapacitados, en los términos y bajo los condicionamientos antes indicados.

En conclusión, si se tiene la certeza de la realización de la enajenación de los bienes, en tanto en cuanto existe el informe favorable del Ministerio Fiscal, ofertando un precio acorde al valor de los mismos, hechas las comprobaciones sobre la solvencia del comprador , las condiciones de la venta y la obtención inmediata del precio, acreditado que tal operación se torna urgente para atender, también de manera inmediata, las primarias necesidades y atenciones de los menores o incapacitados, en estos supuestos es aconsejable que la resolución judicial que autorice la enajenación establezca un plazo, más o menos breve, dependiendo de la trascendencia de la operación a realizar, para formalizar dicha venta, que en la mayoría de los casos requerirá la escritura pública.

En otros casos, también será necesario que dicha resolución judicial, si no señala un concreto plazo para realizar la operación, establezca la necesidad de efectuar la venta a la mayor brevedad, a fin de no desnaturalizar el fin que se pretende conseguir. Por ello, si no obstante concedía dicha autorización judicial transcurre el tiempo sin realizar dicha operación, deberán las personas, o instituciones, autorizadas para la venta informar al juzgado de las circunstancias o las causas por las que no se ha procedido a dicha enajenación.

Ello podrá dar lugar a distintas soluciones judiciales, en este último supuesto, a saber, dejar sin efecto la autorización judicial de la enajenación, si no se acredita la causa de la demora de dicha operación, o si no se acredita, transcurrido el tiempo, que se mantiene la necesidad de realizar tal operación, o que han variado las condiciones de la enajenación, en lo que se refiere al valor, al precio, al comprador, etc. en cuyo caso se hace preciso recabar nueva autorización judicial, previo informe del Fiscal.

En todos los casos, se aconseja, como lo puede ser de otro modo, el seguimiento permanente, en el ámbito judicial, de la enajenación a efectuar, dando cuenta al juzgado de la operación realizada, y la justificación del destino dado al precio obtenido por dicha enajenación.

En el caso de los tutores, ello se hará por la vía de la rendición de cuentas, en los términos previstos en los arts. 276 y ss, y en base a las obligaciones que impone el ejercicio de la tutela, y en el caso de los progenitores, o representantes legales de los menores, en el propio expediente de jurisdicción voluntaria iniciado por la solicitud de enajenación de bienes.

Estando concebido el expediente de autorización judicial previa de la enajen...

Estando concebido el expediente de autorización judicial previa de la enajenación o gravamen de bienes inmuebles pertenecientes a menores o incapacitados como un mecanismo de control del ejercicio de las funciones de la patria potestad o la tutela por los padres o tutores, y, a la vez, suponiendo la necesidad de autorización judicial previa una restricción o limitación de las facultades de representación y administración del patrimonio de aquellos por parte de sus padres o tutores, encaminado a garantizar la protección de la indemnidad e integridad del patrimonio de los menores e incapacitados, es correcto sostener que las normas reguladoras de dicha autorización judicial, tanto en el plano sustantivo como procesal, deben interpretarse teleológicamente, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, que no es otra, en este caso, que la de asegurar la existencia de la necesidad o utilidad del acto de enajenación y destinar el precio obtenido a la finalidad a que debe aplicarse, la cual habrá de haberse expresado en la solicitud.

Bajo esa perspectiva, tanto el art. 2015 LEC de 1881 (EDL 1881/1) como el art. 166 CC (EDL 1889/1) autorizan legalmente al juez, haciendo una interpretación finalista de los mismos, para fijar determinadas condiciones a la venta de los bienes inmuebles con objeto de garantizar que el acto dispositivo redunde efectivamente en beneficio económico del menor o incapacitado. Y entre esas condiciones o requisitos destacan en la práctica forense, señaladamente, en primer lugar, la de supeditar la enajenación a que la misma tenga lugar, como mínimo, por el precio de la tasación pericial del inmueble, y, en segundo lugar, la de exigir que la venta se realice dentro del plazo prudencial que al efecto se señale, normalmente seis meses, con el objetivo de evitar que ulteriores alteraciones sustanciales de circunstancias sobrevenidas puedan convertir en perjudicial para el menor o incapacitado un acto de enajenación en su día conveniente, útil y ventajoso para estos.

Es verdad que los preceptos legales citados, en su tenor literal, no confieren expresamente al juez habilitación para condicionar la venta a que la misma tenga lugar, como mínimo, por el precio de tasación pericial del bien inmueble de que se trate, ni tampoco para que fije un plazo determinado para llevar a cabo la enajenación del mismo, pero no lo es menos que la imposición de tales condiciones resulta de todo punto imprescindible para conseguir que el precio obtenido se destine a la aplicación o finalidad prevista en la solicitud de autorización. Téngase en cuenta que el art. 2023 LEC de 1881 impone al juez la obligación de cuidar, bajo su responsabilidad, “que se dé al precio que se haya obtenido la aplicación indicada al solicitar la autorización”. Y siendo esto así, parece evidente que el juez no sólo puede sino que debe fijar un plazo para que quienes ejercen la patria potestad o la tutela del menor o incapacitado procedan a la venta del bien inmueble perteneciente a su representado en un plazo determinado.

La concesión de autorización judicial al representante legal de un menor o incapacitado para proceder a enajenar un inmueble perteneciente a éstos sin sujeción a plazo alguno para llevar a cabo la venta, esto es, “sine die” y con validez ilimitada en el tiempo, puede ocasionar graves perjuicios económicos al menor si, por ejemplo, las oscilaciones del mercado inmobiliario, producen, un tiempo considerable después de otorgarse la autorización de venta, un incremento espectacular del precio de los inmuebles, y, entre ellos, el del precio de aquel cuya venta se autorizó por precio muy inferior al de su verdadero valor en el mercado. También puede suceder que la concesión de la autorización judicial de venta, sin sujeción a plazo de caducidad, pueda utilizarse por el representante legal del menor o incapaz para especular con el precio de venta del inmueble cuando esté previsto o se conozca que el mismo vaya a ser objeto de una calificación o recalificación urbanística que aumente considerablemente su valor.

Y, por otra parte, si transcurre el plazo señalado en la resolución judicial para llevar a efecto la enajenación solicitada sin haberla podido llevar a cabo, siempre cabe la posibilidad de solicitar al juez la concesión de una prórroga para proceder a la venta.

En suma, la autorización judicial para enajenar bienes inmuebles pertenecientes a menores o incapacitados lleva incorporada implícitamente la cláusula “rebus sic stantibus”: se concede la autorización en base a las circunstancias existentes en ese momento, de tal modo que la autorización judicial no se concedería de no concurrir las mismas o darse otras que hicieran desaconsejable la operación de venta por devenir la misma innecesaria, resultar poco útil o, inclusive, ser perjudicial para el menor o incapacitado.

El mero transcurso del tiempo puede originar una alteración sustancial de las circunstancias en base a las cuales se concedió la autorización de venta, y, por tanto, siendo impredecible el futuro, criterios de prudencia y elemental cautela aconsejan fijar un plazo para llevar a efecto la enajenación del bien inmueble de que se trate, sin perjuicio de que el expresado plazo pueda prorrogarse, modificando incluso el precio de venta, si, por las circunstancias concurrentes en el mercado inmobiliario u otras causas ajenas a la voluntad del representante legal que insta la autorización, la venta no pudiere llevarse a cabo en el plazo al efecto concedido.

La autorización judicial para la enajenación de bienes de menores e incapac...

La autorización judicial para la enajenación de bienes de menores e incapacitados, por parte de su progenitor, se encuentra regulado en el art. 166 CC (EDL 1889/1), desde un punto de vista sustantivo, y por los arts. 2011 y ss LEC de 3 de febrero de 1881 (EDL 1881/1) contenidos en el Libro III, declarado vigente por la Disp. Derog. Única 1.1ª de la LEC de 7 de enero de 2000 (EDL 2000/77463).

Se precisa la concurrencia de causa justificada de utilidad o necesidad, y la previa autorización del juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal.

En el supuesto del dictado de auto judicial concediendo la autorización señalada cabe preguntarse si ha de ser fijado plazo para proceder a la enajenación, o si es factible la no fijación de término alguno manteniéndose u0022sine dieu0022.

La legislación sustantiva contenida en el CC y la adjetiva de la LEC, nada establece al respecto, debiendo de recalcarse que puede ser concedida la autorización judicial para la enajenación sin determinación de plazo, decisión que no quebrantaría el espíritu de las normas sustantivas, al no regular un lapso temporal.

La decisión judicial de conceder un plazo para la enajenación, buscando el interés del menor, estaría justificado en el hecho de valorar las circunstancias del mercado con el transcurso del tiempo. En el supuesto de concederse un plazo, y culminado el mismo sin lograr la enajenación del bien, podría instarse la concesión de prórroga del tiempo concedido, siempre que no se haya modificado las causas que justifiquen la utilidad o necesidad.

Si bien las dos soluciones serían factibles, me inclino por interpretar el precepto, en su propio contenido, que no establece plazo o término alguno para proceder a la enajenación de los bienes de menores.

El art. 166 CC (EDL 1889/1) no prohíbe en modo alguno la fijación de un pla...

El art. 166 CC (EDL 1889/1) no prohíbe en modo alguno la fijación de un plazo por el juez en la resolución judicial por la que se autoriza la enajenación de los bienes de menores. Cierto es que en el citado precepto tan solo se fija que los padres no pueden enajenar bienes de los que los hijos sean titulares salvo que exista autorización judicial y concurriendo razones justificadas de utilidad o necesidad. Pero ello no quiere decir que el juez pueda valorar las circunstancias concurrentes en cada caso y que se fije una autorización condicional en el tiempo transcurrido el cual la autorización queda caducada. El precepto no encorseta al juez civil a conceder la autorización sin más e imposibilitar la concesión de un plazo para llevar a cabo la enajenación.

Por otro lado, el juez hasta podría revocar la autorización en cualquier momento si sobrevinieren algunas circunstancias que así lo aconsejaren, por lo que fijar un plazo no es una decisión contra legem. Piénsese que hasta incluso que en las actuales circunstancias hasta puede ser positivo fijar ese plazo para que si la petición se ha instado por concurrir, como el precepto citado “causas justificadas de utilidad o necesidad”, ya que no tiene sentido que si se ha instado esa autorización judicial por los padres es porque se trataría de una necesidad y urgencia de proceder a esa enajenación, y no conceder el juez una especie de “cheque en blanco” para proceder a la enajenación de los bienes cuando los padres lo deseen , pudiendo así introducir en los padres la urgencia de proceder a la venta si se ha fijado un plazo para ello.

De lo contrario, podría ralentizarse el proceso de venta y hasta perdería sentido la urgencia y necesidad que fueron los parámetros o el basamento de la petición de los padres. Esta concesión de plazo judicial y fijación de la caducidad a la autorización tienen su sentido si se entiende la petición y el procedimiento como algo excepcional y derivado de la “urgencia” de la solicitud, por lo que mal se entendería esta urgencia si los padres pretendieran disponer del tiempo que quisieran para dar cumplimiento a esa autorización.

Prohibir la concesión de plazo sería contrario al propio objetivo y/o fin del procedimiento mismo basado, como hemos dicho en razones de urgencia y/o necesidad, por lo que el establecimiento del plazo conllevará mayor agilidad en los actos de los padres y dará sentido a la petición de “urgencia y necesidad”.

Ni la actual regulación de la venta de bienes de menores e incapaces ni la q...

Ni la actual regulación de la venta de bienes de menores e incapaces ni la que se contiene en el proyecto de jurisdicción voluntaria que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados, hacen la más mínima referencia a un plazo para que pueda llevarse a efecto la venta de los bienes. Por tanto, en principio, parece que el legislador no ha considerado necesario dotar a la autorización judicial de una vigencia temporal determinada.

No obstante, que no se fije ese plazo ni en los preceptos del CC -EDL 1889/1 ni de la LEC de 1881 -EDL 1881/1 (artículos que quedan vigentes de la LEC de 1881) no supone ningún impedimento para que se fije, siempre y cuando se razone adecuadamente, si bien, al establecerse el plazo deberá tenerse en cuenta que salvo que la autorización se haya solicitado contando con alguna oferta de compra, la realidad social actualmente nos indica que no es fácil la venta de bienes pues la demanda es reducida, básicamente por las limitaciones de obtener financiación de las entidades bancarias.

En nuestra opinión, no entendemos que con carácter general sea necesario fijar ningún plazo, pues las garantías que debe exigir el juez para tutelar los intereses del menor o del incapaz se encuentran, dando por sentado de la necesidad de la venta, en la fijación del precio del bien y en el control del destino del dinero obtenido con la venta.

A nivel de hipótesis, podría admitirse la determinación de un plazo cuando fuese previsible que el precio del bien va a aumentar, ya que si la autorización se concede por un precio determinado y luego el valor del bien va incrementándose, se perjudicarían los intereses del menor o incapaz si la venta se produce, por ejemplo, pasados cuatro o cinco años desde que se concedió.

Otra situación que aconsejaría la fijación de un plazo sería cuando esa necesidad de la venta pueda desaparecer a corto o medio plazo. Pensemos que la autorización se solicita porque el incapaz carece de cualquier clase de ingresos y se necesita liquidez para cubrir sus necesidades, pero se tiene conocimiento de que es probable que pueda ser beneficiario de una pensión pública que actualmente no percibe. En esta situación, puede suceder que esa necesidad u0022urgenteu0022 de venta de bienes desaparezca cuando el incapaz sea ya beneficiario de la pensión. Por ello, conceder una autorización de venta u0022sine dieu0022 puede perjudicar los intereses del incapaz cuando la u0022necesidad de la ventau0022 puede desaparecer en el futuro.

Una solución intermedia entre no establecer plazo alguno o fijar un determinado periodo de vigencia de la autorización, sería incluir dentro de la misma resolución judicial que establece el plazo la posibilidad de solicitar una prórroga a la autorización, para lo cual bastaría con un simple escrito de la parte razonando que siguen manteniéndose las mismas circunstancias que concurrían en el momento de la solicitud. Incluso, dada la actual situación económica podría utilizarse esta vía para solicitar una reducción en el precio de venta para aproximarlo al valor de mercado vigente en cada momento. De esta forma se evitaría tener que iniciar un nuevo expediente si ha transcurrido el plazo concedido y el bien no llegó a venderse.

Si se toma en consideración la literalidad de los preceptos (arts. 166 CC, E...

Si se toma en consideración la literalidad de los preceptos (arts. 166 CC, EDL 1889/1; y 2011 a 2024 LEC de 1881, EDL 1881/1), ninguna referencia existe que pueda apoyar una respuesta favorable al plazo para que se proceda a la enajenación para la que se solicitó la pertinente autorización.

Sin embargo, cierta es la posibilidad de que el tiempo juegue en contra de los intereses de los menores o incapacitados (sobre todo en momentos como los actuales en los que las circunstancias económicas pueden ser determinantes de bajadas de precios que afecten a la persona a quien se trata de proteger desde la misma exigencia de la autorización judicial: el menor o incapaz).

Para cubrir estas posibles circunstancias, y desde el momento en que en el art. 273 CC, además de preverse la audiencia del Ministerio Fiscal (a lo que también se refiere los arts. 2012.4º y 2015 LEC de 1881), se posibilita al Juez recabar los informes “que le sean solicitados o estime pertinentes”, sería posible que así lo hiciera para poner en claro si la coyuntura hace aconsejable que la venta tenga lugar en un determinado plazo en evitación de devaluaciones o modificaciones bruscas de los precios que puedan perjudicar a los titulares de los bienes de cuya venta se trate. Una vez obtenidos dichos informes, la propia resolución en la que se otorgue la autorización podría fijar el correspondiente plazo con la motivación pertinente de apreciarse aconsejable la determinación temporal a que se refiere la pregunta.

En definitiva, no con carácter general, pero sí en supuestos concretos en los que se considere que dejar la autorización sin determinar un tiempo puede afectar negativamente los intereses de los titulares de dichos bienes, se podría en la misma resolución que concede la autorización de venta fijar un concreto plazo.

Es cierta la regulación de la enajenación de bienes de menores o incapacita...

Es cierta la regulación de la enajenación de bienes de menores o incapacitados tanto en el art. 166 CC (EDL 1889/1), como en los arts. 2011 y ss de la LEC 1881 (EDL 1881/1), si bien quizá deberíamos tener en cuenta también la preceptuado en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que pende en las Cortes para su aprobación, como previsión de futuro, si es que llega a convertirse en Ley.

Es igualmente cierto que nada se establece en ambos cuerpos legales en relación con la posible temporalidad de las autorizaciones concedidas, aunque nada se determina en cuanto a la prohibición de fijar un plazo de validez de la autorización.

Tampoco lo hace el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, más preocupada por los cambios terminológicos, que por otros de fondo. Así, por ejemplo, se reitera la sustitución del término “incapacitado” por el prolijo de “personas con capacidad judicialmente complementada”, que además no comprende los supuestos de prórroga de la patria potestad, que se hace por ministerio de la ley (art. 171 CC), donde la acción judicial se limita a declarar la incapacidad, no abarca el periodo que media entre la declaración de incapacidad, y el nombramiento de tutor o curador en su caso, que es cuando se “complementa” su capacidad.

Pero volviendo al tema de la cuestión propuesta, entiendo que lo contemplado no está comprendido en los supuestos de caducidad de la instancia (arts. 237 y ss LEC, EDL 2000/77463) y de la acción ejecutiva (art. 518 LEC) en que el tiempo transcurrido tiene un efecto inhabilitador de la efectividad de lo resuelto no por obra de la acción judicial, sino por desidia del promotor del expediente.

Nos encontramos, pues, ante la adición de una condición temporal a la autorización judicial, guiada por la previsión de que el transcurso de un plazo puede convertir los requisitos esenciales de utilidad o necesidad (art. 166 CC), motivo de la enajenación o gravamen y garantías de percepción de la contraprestación y destino de la cantidad recibida, en su caso, (arts. 2011 y ss LEC de 1881) en desfasadas o inútiles.

Los tiempos que corren producen unas mutaciones vertiginosas en las condiciones económicas de los bienes que, en definitiva, se traducen en su valor. Otro tanto hay que decir de las previsiones de inversión del producto de la enajenación o gravamen. Lo que hoy tiene un valor y una aceptación por parte del mercado, no lo tiene mañana, o viceversa, la estimación general se ha incrementado de forma impensable poco antes.

Pero no podemos olvidar que el interés o beneficio del menor o incapacitado son principios generales del Derecho, de obligada aplicación en cuanto a los mismos, según reiterada doctrina y Jurisprudencia del TC y del TS. La aplicación de este principio para complementar una norma jurídica de aplicación a ellos necesariamente ha de ser admitida y aplaudida.

Ésta es la opinión del Letrado que suscribe, salvando su respeto por toda otra mejor fundada.