Los estados que suscriben este protocolo pueden declarar que reconocen el derecho a presentar reclamaciones contra ellos a organizaciones con especial competencia en las materias reguladas en la Carta.
Con la firma de este protocolo, España culminará la adopción de todo el sistema de la Carta Social Europea y permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación efectiva de los derechos sociales garantizados por la Carta.
Gracias a este procedimiento las diferentes organizaciones podrán presentar reclamaciones al secretario general del Consejo de Europa respecto de las materias de su competencia.
El Protocolo, cuya firma ha autorizado el Consejo de Ministros, refuerza y completa la protección de los derechos sociales y económicos de la Carta Social Europea y promueve la participación de las organizaciones que representan a las personas trabajadoras y a los empleadores.
Además de la firma, de la ratificación y del depósito del Protocolo, el Consejo de Ministros también ha autorizado firmar la declaración que permite la aplicación del Protocolo de Reclamaciones Colectivas desde el mismo momento en que se formalice el depósito.