El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el acuerdo de formalización del contrato del Instituto Nacional de Estadística (INE) con Vodafone para su estudio de movilidad a partir de datos de posicionamiento obtenidos de teléfonos móviles, que se suma a los ya publicados el pasado 31 de diciembre con Telefónica y Orange.
En concreto, el BOE recoge la licitación del servicio de elaboración de información agregada y anonimizada sobre movilidad de la población a partir de datos de posicionamiento de teléfonos móviles contenidos en la base de datos a través del servicio Vodafone Analytics.
El importe de este contrato con Vodafone, que fue adjudicado el pasado 18 de noviembre en un procedimiento negociado sin publicidad al tratarse de productos con fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo, asciende a 149.211 euros.
Este contrato del INE es igual a los publicados el 31 de diciembre de 2019 en el BOE con Telefónica, a través de su servicio Luca Transit, y con Orange, a través de Flux Vision, cuyo importe asciende a 153.289,50 euros y 185.000 euros, respectivamente.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) llevó a cabo en 2019 un proyecto para obtener información sobre la movilidad de los ciudadanos a partir de datos anonomizados y agregados obtenidos de teléfonos móviles gracias a un acuerdo alcanzado con Movistar, Orange y Vodafone.
En concreto, los días de 2019 en los que se recopilaron los datos de posicionamiento de los teléfonos móvil fueron el 20 de julio, el 15 de agosto, del lunes 18 al jueves 21 de noviembre (todos ellos días laborables); el 24 de noviembre (domingo) y el 25 de diciembre (festivo).
La idea es obtener información sobre la movilidad de los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo tan destacado como el Día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta. Las operadoras elaborarán los datos recabados entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 y en mayo se procederá a su publicación por parte del INE.
El Instituto Nacional de Estadística pagará a las operadoras por esta información en torno a 500.000 euros y señala que, si estos datos tuvieran que obtenerse a través de cuestionarios, habría que preguntar a centenares de miles de familias, "lo que supondría varios millones de euros".
El organismo ha dejado claro que no va a recibir ningún dato individual, personal o de un terminal concreto, así como que no tendrá acceso a los recorridos que hagan los dispositivos, por lo que va a ser "completamente imposible" identificar tanto directa como indirectamente a ninguna persona.
