“Vamos a trabajar para que se convierta en derecho positivo, vea la luz y esté en el BOE pronto y espero que sea con un amplísimo consenso. Además, aseguro que en la ponencia y en la tramitación parlamentaria de esta Ley se contará con la Abogacía”, ha dicho el ministro.
Así recogió el guante tras la intervención de la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en el que le recordó que esta ley constituye un esfuerzo para seguir avanzando en derechos y libertades. “Es una ley que cierra el círculo de garantías constitucionales, trascendental en el Estado de Derecho, que entre otras cosas, regula el secreto profesional, la libertad de expresión y la independencia y los deberes deontológicos”, dijo la presidenta.
Ortega también instó al ministro a renovar con carácter inmediato, con independencia de los presupuestos, los baremos de justicia gratuita pendientes desde el año 2018. El ministro Bolaños no aludió a los baremos pero sí a la renovación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita: “Vamos a publicar esta ley, porque conviene, porque hay que adaptarla a las nuevas circunstancias”, dijo.
En el acto intervinieron, además de Bolaños y Ortega, Antonio Garrigues, presidente de la Comisión para la elaboración del Anteproyecto de esta Ley, y los abogados Miquel Roca, Jesús Remón y Cristóbal Martell.
Todos coincidieron en que esta ley aportará salud al Estado de Derecho y que este derecho a la defensa corresponde a los ciudadanos.
Roca manifestó que los abogados han sido el motor de esta ley. “El derecho a la defensa constituye la razón de ser de los abogados. No está pensada para nosotros, está pensada para los ciudadanos”. Y defendió que “es una ley moderna, contemporánea e innovadora desde el punto de vista de la europeidad”.
Jesús Remón, por su parte, incidió también en las ventajas de esta ley y recalcó algunas de las enmiendas formuladas por la abogacía como de especial importancia. “Es fundamental incluir el derecho a guardar silencio como parte de la presunción de inocencia sin que se valore como indicio incriminatorio, garantizar la confidencialidad e incluir en el secreto de manera explícita a los abogados de empresa”, apuntó.
Cristóbal Martell afirmó que esta ley facilita la exigibilidad del derecho. “El Derecho de Defensa es una ley que mira al ciudadano porque le da un marco procedimental de garantía para que ejerza su derecho, otorga igualdad al conflicto y da voz al ciudadano”, expuso el reputado penalista.
Para cerrar el acto, Garrigues expresó que a la ciudadanía no le gusta el conflicto político permanente y que les gusta la idea de los acuerdos políticos. “Es una ley importante que habría que transmitir bien, porque es una ley para los ciudadanos. Sería importante que el proceso fuese lo más rápido posible“, zanjó.
Este Proyecto de Ley es una de las grandes reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía. En la reunión que mantuvo con Bolaños el pasado 28 de diciembre, la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, le pidió que se recuperara esta norma, cuya tramitación decayó el año pasado con la convocatoria electoral.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 23 de enero, la norma se encuentra ahora en el Congreso para su tramitación parlamentaria.
Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han recogido la totalidad de las 15 enmiendas presentadas por la Abogacía Española Proyecto de Ley. Eso significa que pasarán a formar parte del debate parlamentario y que tienen serias posibilidades de quedar reflejadas en el texto final de la ley, que de inmediato comienza su debate en el seno de la Comisión de Justicia.
