El inicio del expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento remitida por Bruselas que da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para ofrecer "aclaraciones" y demostrar que la situación en Extremadura y Andalucía está "justificada por razones de interés general".
La directiva europea sobre contratación a través de empresas de trabajo temporal ofrece flexibilidad a las empresas y establece el principio de igualdad de trato de los trabajadores cedidos, para asegurar que reciben las mismas condiciones salariales y de tiempo de trabajo que el resto de contratados.
La norma solo permite imponer restricciones o prohibiciones al recurso a trabajadores cedidos de manera temporal si están justificadas por razones de interés general, tal y como recuerda el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Los expedientes sancionadores prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Las dudas de Bruselas se refieren al hecho de que en el sector público de Extremadura y en una serie de entidades públicas de Andalucía existan prohibiciones y restricciones respecto al trabajo a través de empresas de trabajo temporal para la contratación pública.
Estas prohibiciones y restricciones afectan, por ejemplo, a las empresas públicas extremeñas en las que la administración tiene una participación mayoritaria y, en el caso de Andalucía, a dos escuelas de hostelería y a entidades públicas activas en el sector del turismo y el deporte.
