Desde el pasado 18 de abril, los países de la Unión Europea están obligados a recibir y procesar facturas electrónicamente en sus operaciones de contratación pública, utilizando un formato común. Las administraciones regionales y locales, sin embargo, tienen aún hasta 2020 para adaptarse al nuevo sistema.
Sin embargo, España y otros once Estados miembros no han cumplido con el calendario, por lo que el Ejecutivo comunitario les ha enviado una carta de emplazamiento, primer paso de un procedimiento de infracción con el que les da dos meses para cumplir con la regla.
En caso de que pasado ese tiempo las autoridades siguieran sin cumplir con el requerimiento comunitario, Bruselas podrá optar por dar un paso más y enviar un dictamen motivado que inste al Gobierno a transponer la norma y, en última instancia, podría acudir al Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión Europea, que ya ha destinado 33 millones de euros en ayudas para la adopción de soluciones innovadoras para la e-facturación, ha trasladado a España y al resto de países incumplidores su disposición de asistirles en este proceso.
Se trata de una norma con la que la UE quiere garantizar que se tramitan de manera adecuada y automática las facturas electrónicas y se cumplen los pagos, al tiempo que las empresas públicas gestionan sus contratos en cualquier país de la UE y aumenta así el atractivo de la contratación pública, según ha explicado Bruselas en un comunicado.
Además de contra España, Bruselas ha abierto expedientes contra Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo y Rumanía.
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