En el marco de un paquete de medidas para mejorar la detección de transacciones sospechosas y de acabar con los vacíos legales usados por redes criminales y organizaciones terroristas para financiar sus actividades, Bruselas quiere armonizar criterios y coordinar mejor la lucha antifraude con la creación de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), una institución de nuevo cuño que "coordine a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado cumple correctamente las leyes europeas".
La idea de Bruselas es que la nueva institución cuente con un equipo de 250 trabajadores y que a partir de 2024 se coordine con las unidades de Inteligencia financiera de los Estados miembros para perseguir esta actividad ilícita. La AMLA se situará en el centro de un sistema integrado de autoridades supervisoras nacionales asegurando la convergencia y una cultura y prácticas comunes.
En concreto, la autoridad central de la UE tendrá un papel de coordinación en las áreas del sector no financiero, mientras que en el sector financiero ejercerá ella misma el rol de supervisor en lo relativo a entidades expuestas a un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Aparte de la nueva autoridad, el Ejecutivo europeo quiere implantar un marco regulatorio único que incluya normas comunes contra el blanqueo y estándares comunes a aplicar a entidades financieras, firmas de inversiones, bufetes de abogados, auditorias, aseguradoras, casinos o proveedores de criptomoneda. Estas reglas no tendrán que ser traspuestas a nivel nacional y con ello se busca que las reglas a nivel de los Veintisiete sean más detalladas y concisas que en la actualidad.
En la capital comunitaria entienden que el actual marco europeo deja espacio a los Estados miembros para la implementación de sus normas antiblanqueo lo que ha generado un exceso de fragmentación que resulta negativa en un contexto de mercado único.
Otra medida para armonizar la lucha contra el blanqueo dentro de la UE será establecer un límite de pago en efectivo de 10.000 euros, una medida que según explica Bruselas ya existe en dos tercios de los países de la UE y que es suficientemente algo para no cuestionar el euro como moneda de curso legal y respetando el importante papel que tiene el dinero en efectivo.
