Para ello, ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se ha elaborado una normativa que amplía el límite máximo de ingresos para ser beneficiario de la mediación familiar gratuita.
"La Junta de Castilla y León, en su apuesta por prestar un apoyo integral a las familias, tanto a los padres como a los menores, pretende potenciar la mediación como fórmula para lograr la estabilidad de la familia y la normalización social de la atención a los menores", ha precisado el portavoz.
Según ha defendido, la mediación, ejercida por un profesional neutral e imparcial, "persigue crear entre las personas en conflicto un marco de comunicación que les ayude a gestionar su ruptura, reduciendo así el coste emocional del proceso, y les permita alcanzar acuerdos estables en el tiempo, sin que sea necesaria la apertura de un procedimiento judicial".
El nuevo reglamento de Mediación Familiar, estructurado en siete capítulos, introduce "importantes mejoras" en relación con la normativa vigente desde 2007. En su intento de que un mayor número de familias tenga acceso a la mediación gratuita, la nueva normativa amplía el límite máximo de ingresos para ser beneficiario de la mediación familiar gratuita.
Así, tendrán derecho a utilizar el sistema de mediación gratuita las personas residentes en la Comunidad cuyos ingresos económicos de su unidad familiar no superen en 1.000 euros la cuantía que resulte de multiplicar por cada miembro el indicador de renta que se utiliza como referencia y que se aprueba anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Hasta ahora, esta cantidad no podía superar la cantidad resultante de multiplicar dicho indicador de renta por el número de miembros.
El nuevo texto introduce más criterios de igualdad de oportunidades y discriminación positiva para personas con discapacidad. Como novedad, establece un "trato más ventajoso" para las familias con miembros que presenten un grado de discapacidad de entre el 33 por ciento y el 65 por ciento.
En el caso de familias con personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, se mantienen los beneficios para el acceso al sistema gratuito.
Para facilitar la utilización de la mediación como medida de resolución de conflictos, el nuevo reglamento simplifica los trámites y evita cargas burocráticas innecesarias para los ciudadanos. De esta forma, los castellanosleoneses podrán presentar las solicitudes y la documentación correspondiente de forma telemática y no estarán obligados a aportar información que pueda verificar la propia Administración.
AGILIDAD Y RIGOR
Además, fija más criterios de agilidad y de rigor. El portavoz ha explicado que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades resolverá las solicitudes de mediación familiar gratuita en el plazo máximo de un mes.
El nuevo reglamento modifica el régimen de infracciones y sanciones. Califica como muy grave el hecho de ejercer la mediación familiar incumpliendo los requisitos exigidos, y como grave, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
Para adaptarse a los modelos y criterios europeos de mediación familiar, el reglamento aprobado este jueves en sesión del Consejo de Gobierno abre la posibilidad de que haya un mayor número de personas que ejerzan la mediación. Así, elimina el requisito de que los mediadores familiares tengan que estar inscritos en el registro para prestar el servicio de mediación. "Bastará con una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio", ha precisado.
También permite la mediación familiar temporal a mediadores establecidos fuera del territorio de Castilla y León. Se trata de facilitar la creación de un auténtico mercado interior de servicios, tal y como establecen las normas europeas y recoge el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León.
En la actualidad existen en Castilla y León un total de 168 mediadores registrados que tratan de que los miembros de una familia en conflicto encuentren vías de diálogo y la búsqueda de soluciones pactadas.
Para avanzar en ese modelo de resolución pacífica de conflictos, la Junta de Castilla y León, "además, pone a disposición de las familias puntos de encuentro -un recurso orientado a intervenir en situaciones de separación familiar conflictiva y proteger el derecho del menor a mantener la relación con ambos padres-".
En Castilla y León existen actualmente 16 puntos de encuentros. Dos están ubicados en Valladolid, uno en cada capital del resto de provincias de la Comunidad, más los ubicados en Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Ponferrada, Medina del Campo, San Andrés del Rabanedo y Laguna de Duero.
De enero a agosto de este año, el número de familias atendidas en estos 16 puntos de encuentro ascendió a 1.568 y el número de menores atendidos fue 2.174.
