En este encuentro el ministro ha destacado la importancia del incremento de la seguridad jurídica para fomentar los vínculos económicos que unen ya de manera muy estrecha a Estados Unidos y España.
Catalá ha señalado la importancia que, dentro del Plan Nacional de Reformas emprendido por el Gobierno, se ha concedido al ámbito de la Justicia por su contribución determinante para incrementar la solvencia y credibilidad de los mercados internacionales y los inversores extranjeros en la marca España.
Entre los cambios legislativos más importantes Catalá ha incluido los nuevos instrumentos legales para combatir la corrupción, tanto en el ámbito de la Administración pública (elevación de penas de inhabilitación previstas para este tipo de delitos e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo) como en el ámbito privado (mejoras en el castigo al pago de sobornos para obtener ventajas competitivas y revisión en materia de delitos patrimoniales con la introducción de la administración desleal del patrimonio ajeno).
Una nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas permitirá, según ha explicado el ministro, identificar las responsabilidades penales en las que pueden incurrir las personas jurídicas y estimular sistemas de prevención del delito gracias a un nuevo modelo de imputación basado en la exención de responsabilidad criminal en aquellos casos en los que la empresa haya adoptado un programa que evite la comisión de hechos delictivos (compliance).
En la revisión de delitos de propiedad intelectual, materia de especial interés para el Gobierno de los Estados Unidos, Rafael Catalá ha destacado el nuevo ajuste de la respuesta penal a la gravedad de la infracción, así como la modificación del tipo penal en el que el anterior ánimo de lucro se sustituye por beneficio económico directo o indirecto. Con esto se facilita la persecución de conductas de distribución por la red, independientemente de la vía por la que se enriquezca el infractor (cobro por descarga o publicidad de la página).
Entre las medidas para agilizar la Administración de Justicia, el ministro ha señalado la potenciación de la jurisdicción voluntaria, el límite de los tiempos de instrucción a seis meses y el uso masivo de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia, efectivo a partir del próximo 1 de enero de 2016.
