El papel de la Fiscalía General del Estado y su posible imparcialidad a la hora de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, derechos del ciudadano e interés público según aparece en el artículo 124 de la Constitución española ha abierto una importante brecha entre Ministerio, Fiscalía General del Estado y principales colectivos de fiscales.
La directrices con respecto al ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, (Caso Púnica) o al ex –gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández (Caso Bankia) o la polémica sentencia del Caso Nóos han debilitado la imagen de la Fiscalía General y provocado reacciones contrarias de las principales asociaciones de fiscales en las que se subraya la intervención del Ministerio de Justicia y posibles presiones del gobierno en los citados procesos.
A este respecto y durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, el ministro de Justicia, explicaba que el principio de dependencia jerárquica es una de las características del Ministerio Fiscal y que la reforma del Estatuto que regula a los fiscales debe pasar por medidas distintas, como blindar su autonomía mediante la atribución de un régimen disciplinario encargado de tutelar la actuación de los miembros de la carrera.
En palabras de Rafael Catalá "existen varios elementos para reforzar esta capacidad y que los ciudadanos sepan que el Ministerio Fiscal es una auténtica garantía del funcionamiento de derecho, y ello porque va acompañado de una tutela judicial -por un juez de garantías- que siempre protegerá los derechos ciudadanos”.
Mientras que respecto al caso Nóos y durante la pasada clausura de las X Jornadas del Consejo General de Procuradores de España, el ministro de Justicia aseguraba que la sentencia era la muestra de que en España los ciudadanos son iguales ante la Ley, en declaraciones a Europa Press , Catalá pedía prudencia hasta la decisión judicial por responsabilidad del presidente de la región de Murcia.
Catalá ha apuntado que, por el momento, Sánchez se encuentra inmerso en una mera "investigación sin conclusiones" en la que tiene la condición de investigado.
El ministro ha precisado que su partido dispone de "antecedentes recientes" que aconsejan "mesura" antes de apartar a uno de sus cargos de sus responsabilidades y ha defendido que el Gobierno ha hecho gala en los últimos meses de su absoluto compromiso en la lucha contra la corrupción.
Así, ha concretado que el planteamiento del PP es aguardar a la apertura de "juicio oral" y a que se atribuya al presidente murciano la condición de inculpado. "Confío en que, con lealtad y transparencia, podamos mantener esos principios y los acuerdos políticos planteados no se vean afectados", ha dicho.
A este respecto, es necesario recordar la postura del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sobre el papel que deben tener los fiscales en la investigación de las causas. Durante el Encuentro Parlamentario sobre la Reforma de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial organizado por Lefebvre
