Durante la Conferencia Sectorial con representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Presidencia y las Administraciones Territoriales, además de los consejeros de Justicia de las comunidades que tienen transferida esta competencia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteaba la necesidad de crear nuevas plazas judiciales en los distintos territorios con objeto de disminuir la carga de trabajo de los juzgados españoles.
El ministro señalaba que está trabajando con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la asignación de las unidades judiciales pendientes de creación en 2016 y para el presente ejercicio, así como las relacionadas con la adecuación de la planta judicial tras las últimas modificaciones legales, entre ellas, la atención a los requerimientos que demanda la segunda instancia penal.
El Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia coordinarán la creación de estas unidades judiciales con las con las distintas comunidades autónomas con traspaso de medios personales y materiales.
Catalá también ha reiterado la intención de su ministerio de avanzar en el modelo de empleo público profesional y estable en la Administración de Justicia, con la reducción de la interinidad. Será en la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, en que la se fije el volumen de la Oferta de Empleo.
Otros temas a tratar en la citada Conferencia Sectorial han sido la reforma del Registro Civil respetando el consenso político tal y como ocurrió en la promulgación de la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil.
La nueva configuración y funcionamiento del Registro se basa en la creación de un folio único y personal con los datos de cada ciudadano, con un modelo organizativo asentado sobre una Oficina Central y unas Oficinas Generales en cada comunidad autónoma. La gestión recaerá en los letrados de la Administración de Justicia. La nueva configuración del Registro estará asentada en una nueva herramienta informática que sustituye al actual sistema Inforeq.
El ministro ha insistido en la necesidad de avanzar en la digitalización de la Administración de Justicia. Catalá apuesta por un sistema de gestión procesal común para todo el territorio. El ministro ha defendido que resultará más eficaz y eficiente para todas las Administraciones y que se trata de “una reclamación unánime de todos los colectivos, asociaciones e instituciones relacionadas con la Justicia”.
En cuanto al servicio de asistencia jurídica gratuita y el debate sobre la posible aplicación del IVA al turno de oficio, el ministro explicaba que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidirá en las próximas semanas si se mantiene la exención de este impuesto.
En la Conferencia sectorial han estado representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, además de los consejeros de Justicia de las comunidades que tienen transferida esta competencia, como son País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.
