Dicho grupo se encuentra ya en pleno funcionamiento y está formado por más de 40 empresas energéticas españolas e internacionales, como Acciona Energía, BP, CEPSA, EDP, Elecnor, Enagás, Enel, Iberdrola, Naturgy, REE, Repsol, Shell, X-Elio Energy, entre otras, y asociaciones como la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELÉC), Asociación Española de Derecho de Energía (AEDEN), Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar (Protermosolar) o Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Asimismo, cuenta con abogados de importantes despachos como Allen & Overy, Clifford Chance, Cuatrecasas, Freshfields, Garrigues, Hogan Lovells, Linklaters, Sidley Austin y Uría Menéndez.
Para el presidente de CIAM, José Antonio Caínzos, “este grupo de trabajo es estratégico ya que el sector de la energía tiene una amplia trayectoria y experiencia en la resolución de disputas internacionales a través de arbitrajes”. “Creemos que tenemos un papel fundamental para que España pueda ser sede referente en la resolución de disputas internacionales del sector energético y es un momento clave para desarrollarlo a través de la especialización de los árbitros que colaboran con CIAM”, explica Caínzos.
El arbitraje es el método preferido de resolución de disputas en la industria energética porque ofrece importantes ventajas respecto a otros métodos, como independencia, flexibilidad, confidencialidad y la capacidad de elegir árbitros especializados. El arbitraje es la alternativa más eficiente ya que los sistemas judiciales son, en la mayoría de las ocasiones, incompatibles con la celeridad que se demanda en el sector.
Estos conflictos suelen ser bastante complejos y requieren conocimientos jurídicos que van desde el derecho público hasta el privado, pasando por prácticas mercantiles internacionales muy singulares y por un considerable rango de elementos técnicos no desarrollados por juristas que obligan a un conocimiento poco común en el entorno jurídico.
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