1.- Hechos
La Sentencia trae causa la cuestión prejudicial planteada en un litigio entre Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited, («Mircom»), sociedad chipriota titular de determinados derechos sobre un gran número de películas pornográficas producidas por ocho empresas con domicilio en Estados Unidos y en Canadá, y Telenet BVBA, sociedad domiciliada en Bélgica que entre otros presta servicios de acceso a Internet.
El conflicto nace de la negativa de Telenet BVBA, frente a una solicitud de información presentada ante el Tribunal de Empresas de Amberes (Bélgica), a facilitar los datos de identificación de sus clientes cuyas conexiones a Internet se habían utilizado supuestamente para compartir películas incluidas en el catálogo de Mircom a través de una red entre pares (peer to peer) mediante el protocolo BitTorrent.
Mircom afirmaba disponer de miles de direcciones IP dinámicas que, por cuenta de la propia Mircom y a través del programa FileWatchBT, registró Media Protector GmbH, sociedad domiciliada en Alemania, en el momento en que los referidos clientes de Telenet se conectaron mediante el software de intercambio cliente-BitTorrent.
El Tribunal nacional se pregunta si es posible que los usuarios individuales de una red peer-to-peer, denominados «downloaders», quienes al descargar partes de un archivo digital que contiene una obra protegida por derechos de autor, ponen simultáneamente esas partes a disposición de otros usuarios para que estos las carguen, estén llevando a cabo una comunicación al público.
Esos usuarios —pertenecientes a un grupo de personas que descargan, denominado «comunidad»— se convierten ellos mismos en «sembradores» de dichas partes, al igual que el «sembrador» inicial no determinado que origina la primera puesta a disposición del archivo en la referida red.
El tribunal remitente precisa, por un lado, que las partes no son meros fragmentos del archivo original, sino archivos encriptados autónomos e inservibles por sí solos, y, por otro lado, que, debido al modo en que funciona la tecnología BitTorrent, la carga de las partes de los archivos, que recibe el nombre de «siembra», en principio tiene lugar de modo automático, puesto que solo determinados programas permiten eliminar ese comportamiento.
Mircom alegaba que deben tenerse en cuenta incluso aquellas descargas de partes que representen conjuntamente un porcentaje de al menos el 20 % del archivo multimedia en cuestión, puesto que a partir de ese porcentaje resulta posible obtener una previsualización de ese archivo, aunque de manera fragmentaria y de muy dudosa calidad.
El tribunal remitente duda también de que una empresa como Mircom pueda gozar de la protección conferida por la Directiva 2004/48, en la medida en que no utiliza efectivamente los derechos cedidos por los autores de las películas en cuestión, sino que se limita a reclamar indemnizaciones a supuestos infractores, pauta de actuación que se asemeja a la que caracteriza a un «trol de los derechos de autor» (copyright troll).
El tribunal nacional plantea un conjunto ingente de cuestiones que son reformuladas por el TJ para poder dar una respuesta útil.
2.- Pronunciamientos
La primera cuestión prejudicial es reformulada por el TJ en el sentido de que, a través de ella, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que constituye una puesta a disposición del público la carga, desde el equipo terminal de un usuario de una red entre pares (peer to peer) y hacia los equipos de otros usuarios de dicha red, de partes, previamente descargadas por el usuario antes citado, de un archivo multimedia que contiene una obra protegida, aun a pesar de que esas partes solo sean utilizables por sí solas a partir de un determinado volumen de descarga y de que, como consecuencia de la configuración del software de intercambio cliente-BitTorrent, sea el propio software el que automáticamente da lugar a la carga mencionada.
La Sentencia parte de que, en el caso de autos, como se desprende de la resolución de remisión, cualquier usuario de la red entre pares (peer to peer) puede reconstituir fácilmente el archivo original a partir de partes disponibles en los ordenadores de los usuarios que participan en la misma comunidad. El hecho de que un usuario no llegue individualmente a descargar el archivo original completo no impide que esté poniendo a disposición de sus pares (peers) las partes de ese archivo que haya logrado descargar en su ordenador y que, de ese modo, esté contribuyendo a generar una situación en la que, en definitiva, todos los usuarios que participan en la comunidad tienen acceso al archivo completo.
Resulta además que todo usuario de la red entre pares (peer to peer) en cuestión que no haya desactivado la función de carga del software de intercambio cliente-BitTorrent carga en esa red las partes de los archivos multimedia que previamente ha descargado en su ordenador. Siempre que se ponga de manifiesto —extremo este que corresponde verificar al tribunal remitente— que los usuarios en cuestión han decidido utilizar ese software y han dado su consentimiento a su ejecución tras haber sido debidamente informados sobre sus características, debe considerarse que tales usuarios actúan con pleno conocimiento de su comportamiento y de las consecuencias que este puede tener.
El TJ advierte que los ordenadores de esos usuarios que comparten el mismo archivo constituyen la red entre pares (peer to peer) propiamente dicha, denominada «comunidad de intercambio», en la que desempeñan el mismo papel que los servidores en el funcionamiento de la Red (World Wide Web).
Consta también que tal red es utilizada por un número considerable de personas, como por otra parte se desprende del elevado número de direcciones IP registradas por Mircom. Además, esos usuarios pueden acceder, en cualquier momento y de modo simultáneo, a las obras protegidas que se intercambian a través de dicha plataforma. Por consiguiente, esta puesta a disposición se dirige a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas.
Así las cosas, el Tribunal, después de un repaso exhaustivo a la jurisprudencia existente en materia de puesta a disposición y de redes peer-to-peer, responde a la primera cuestión prejudicial declarando que el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que constituye una puesta a disposición del público, conforme a los términos del referido precepto, la carga, desde el equipo terminal de un usuario de una red entre pares (peer to peer) y hacia los equipos de otros usuarios de dicha red, de partes, previamente descargadas por el usuario antes citado, de un archivo multimedia que contiene una obra protegida, aunque esas partes solo sean utilizables por sí solas a partir de un determinado volumen de descarga. Carece de pertinencia el hecho de que, como consecuencia de la configuración del software de intercambio cliente-BitTorrent, sea el propio software el que automáticamente dé lugar a la carga mencionada, si el usuario, desde el equipo terminal en que se produce la referida carga, ha decidido utilizar ese software y ha dado su consentimiento a su ejecución tras haber sido debidamente informado sobre sus características.
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que una persona que en virtud de un contrato es titular de determinados derechos de propiedad intelectual que sin embargo no utiliza por sí misma, sino que se limita a reclamar una indemnización por daños y perjuicios a supuestos infractores, puede acogerse a las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo II de dicha Directiva.
El TJ aclara que esta cuestión prejudicial se compone de tres partes, a saber, en primer lugar, la relativa a la legitimación activa de una persona como Mircom para solicitar la aplicación de las medidas, los procedimientos y los recursos establecidos en el capítulo II de la Directiva 2004/48; en segundo lugar, la relativa a si tal persona puede haber sufrido daños y perjuicios en el sentido del artículo 13 de esa misma Directiva, y, en tercer lugar, la relativa a la admisibilidad de su petición de información, en virtud del artículo 8 de la propia Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 2.
La sentencia, después de admitir la legitimación de Mircom, advierte que en caso de que un titular de derechos de propiedad intelectual opte por externalizar el cobro de la indemnización por daños y perjuicios recurriendo a una empresa especializada mediante una cesión de créditos u otro acto jurídico, no debería dispensársele un trato menos favorable que el que se dé a otro titular de ese mismo tipo de derechos que haya optado por reclamarlos personalmente.
En cuanto a la tercera parte de su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente, en esencia, alberga dudas sobre la admisibilidad de la petición de información de Mircom, presentada con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2004/48, por cuanto dicha sociedad no hace un uso consistente de los derechos que adquirió de los productores cinematográficos a que se refiere el litigio principal. Además, debe entenderse que, al referirse a la posibilidad de tildar a Mircom de «trol de los derechos de autor» (copyright troll), el tribunal remitente plantea, en esencia, la existencia de un posible abuso de derecho por parte de la referida sociedad.
A este respecto el tribunal remitente parece dudar de que Mircom tenga la intención de ejercitar una acción de indemnización, puesto que hay indicios sólidos que apuntan a que, habitualmente, se limita a proponer una solución amistosa con la única finalidad de obtener una indemnización a tanto alzado de 500 euros.
La sentencia, sin embargo, declara que una petición de información como la de Mircom, formulada en una fase anterior al ejercicio de la acción jurisdiccional, no puede, por esa sola circunstancia, considerarse inadmisible. Pero eso no significa que no pueda considerarse abusiva.
Para la sentencia la posible constatación de tal abuso entra plenamente dentro del ámbito de la apreciación de los hechos del asunto principal y es, por tanto, competencia del tribunal remitente. A tal efecto, este podría, entre otras cosas, examinar la operativa que sigue Mircom, analizar la manera en que dicha sociedad propone soluciones amistosas a los supuestos infractores y comprobar si realmente interpone acciones judiciales en caso de rechazarse la solución amistosa. Asimismo, podría examinar si, a la luz de todas las circunstancias particulares del presente caso, se pone de manifiesto que Mircom intenta en realidad, bajo el pretexto de proponer soluciones amistosas a causa de las supuestas infracciones, obtener ingresos económicos por la mera pertenencia de los usuarios en cuestión a una red entre pares (peer to peer) como la del presente asunto, sin tratar específicamente de combatir las vulneraciones de los derechos de autor que esa red ocasiona.
En ese contexto el TJ responde a la segunda cuestión prejudicial declarando que la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que una persona que en virtud de un contrato es titular de determinados derechos de propiedad intelectual que sin embargo no utiliza por sí misma, sino que se limita a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios a supuestos infractores, puede acogerse, en principio, a las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo II de dicha Directiva, salvo que se compruebe, con arreglo a la obligación general prevista en el artículo 3, apartado 2, de aquella y basándose en un análisis global y circunstanciado, que su pretensión resulta abusiva. En particular, tratándose de una petición de información basada en el artículo 8 de la referida Directiva, también habrá de desestimarse tal petición si es injustificada o no proporcionada, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente.
Para responder a la tercera y a la cuarta cuestión prejudicial, el Tribunal comienza por puntualizar que en el asunto principal se contemplan dos tratamientos de datos personales diferentes; a saber, uno que ya realizó inicialmente Media Protector por cuenta de Mircom, en el contexto de las redes entre pares (peer to peer), consistente en registrar las direcciones IP de usuarios cuyas conexiones de Internet supuestamente se utilizaron, en un determinado momento, para cargar obras protegidas en las referidas redes, y otro que, según Mircom, debe llevar a cabo Telenet en una fase posterior, consistente, por una parte, en identificar a esos usuarios cotejando las referidas direcciones IP con las que, en ese mismo momento, Telenet había atribuido a los mencionados usuarios para efectuar dicha carga y, por otra parte, en comunicar a Mircom los nombres y direcciones de esos mismos usuarios.
En su cuarta cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita una respuesta sobre la eventual justificación, a la luz del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del Reglamento 2016/679, únicamente del primero de los tratamientos ya efectuado.
Por otra parte, en su tercera cuestión prejudicial, quiere saber, en esencia, si las circunstancias expuestas en sus cuestiones prejudiciales primera y segunda son pertinentes para apreciar la justa ponderación entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la protección de la vida privada y de los datos personales, en particular, en la apreciación de la proporcionalidad.
Después de un minucioso análisis el TJ responde a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta señalando que el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del Reglamento 2016/679, en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, ni al registro sistemático, por parte del titular de derechos de propiedad intelectual y por parte de un tercero que actúa por cuenta de este, de direcciones IP de usuarios de redes entre pares (peer to peer) cuyas conexiones de Internet supuestamente se utilizaron en actividades infractoras contra la propiedad intelectual, ni tampoco a la comunicación de los nombres y de las direcciones postales de esos usuarios al mencionado titular o a un tercero para permitirle presentar una demanda de indemnización ante la jurisdicción civil por el perjuicio supuestamente ocasionado por los citados usuarios, a condición, no obstante, de que las iniciativas y las pretensiones al efecto del referido titular o de ese tercero sean justificadas, proporcionadas y no abusivas y se fundamenten jurídicamente en una medida legal nacional, en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, que limite el alcance de las normas establecidas en los artículos 5 y 6 de esa Directiva.
3.- Comentario
No deja de sorprender que un simple caso de intercambio de películas pornográficas entre usuarios de una red peer-to-peer obligue al TJ a un esfuerzo argumental desmesurado (130 ordinales, nada menos) a través del cual se revisita, matiza o puntualiza la doctrina jurisprudencial en materia de puesta a disposición, intercambio de obras a través de redes peer-to-peer, tratamientos de datos personales o derecho de información. Como en casos análogos, las cuestiones puramente técnicas de la operativa que sirve de base al intercambio juegan un papel relevante.
Mayor interés presenta, tal vez, el pronunciamiento del TJ acerca de las empresas de “copyright troll” que se dedican exclusivamente a obtener indemnizaciones en nombre de los titulares de derechos sin llevar a cabo explotación comercial alguna. Sobre este fenómeno, tan presente en derechos de autor como en derechos de patente, el TJ no parece mostrar demasiados prejuicios. Pero la sentencia tampoco lo bendice.
Aunque la actividad del “troll” no puede ser en sí misma descalificada, estas empresas no están exentas de un juicio de valor acerca de si su actuación constituye abuso de derecho. Caso por caso y en función de las circunstancias y de algunos factores que el TJ propone, el órgano judicial nacional podrá entrar a sopesar si concurre abuso de derecho.
Mabel KLIMT
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VERSIÓN EN INGLÉS
Sharing of films on peer-to-peer networks. Entitlement of a “troll” type company to request information from the service provider in order to claim damages. Judgment of the Court of Justice of 17 June 2021, Mircom (C-597/19).
1.- Background.
The judgment concerns a request for a preliminary ruling made in relation to proceedings between Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited ("Mircom"), a Cypriot company which holds certain rights in a large number of pornographic films produced by eight companies based in the United States and Canada, and Telenet BVBA, a company based in Belgium which, inter alia, provides internet access services.
The dispute arose from Telenet BVBA's refusal, in response to a request for information made in an action before the Antwerp Companies Court (Belgium), to provide the identification data of its customers whose internet connections had allegedly been used to share films included in Mircom's catalogue via a peer-to-peer network using the BitTorrent protocol.
Mircom claimed to have thousands of dynamic IP addresses which, on behalf of Mircom itself and through the FileWatchBT program, were registered by Media Protector GmbH, a company based in Germany, at the time when those Telenet customers connected via the BitTorrent client sharing software.
The national court asks whether it is possible that individual users of a peer-to-peer network, so-called 'downloaders', who, by downloading parts of a digital file containing a copyrighted work, simultaneously make those parts available for uploading by other users, may be making a communication to the public.
Those users, belonging to a group of downloaders known as a 'swarm', themselves become 'seeders' of those parts, like the initial, undetermined 'seeder' who makes the file available for the first time on that network.
The referring court states, firstly, that the parts are not mere fragments of the original file, but autonomous encrypted files which are unusable in themselves, and, secondly, that, due to the way in which BitTorrent technology works, the uploading of the parts of a file, which is known as 'seeding', in principle takes place automatically, since only certain programs can eliminate that characteristic.
Mircom argued that even downloads of parts which together represent a percentage of at least 20% of the multimedia file in question should be taken into account, since beyond that percentage it is possible to obtain a preview of that file, albeit fragmentary and of highly dubious quality.
The referring court also doubts whether an undertaking such as Mircom can benefit from the protection conferred by Directive 2004/48, insofar as it does not actually use the rights assigned by the authors of the films in question, but merely claims compensation from alleged infringers, a pattern of conduct which resembles that of a 'copyright troll'.
The national court raises numerous questions which are reformulated by the CJ in order to be able to provide a useful answer.
2.- Findings.
The first question is reformulated by the CJ as the referring court asking, in essence, whether Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the uploading, from the terminal equipment of a user of a peer-to-peer network to the equipment of other users of that network, of parts, previously downloaded by the aforementioned user, of a multimedia file containing a protected work, even though those parts are only usable in themselves from a certain download rate and, as a result of the configuration of the BitTorrent client sharing software, it is the software itself which automatically generates that uploading, constitutes making available to the public.
The judgment is based on the premise that, in the present case, as is clear from the order for reference, any user of the peer-to-peer network can easily reconstruct the original file from parts available on the computers of users participating in the same swarm. The fact that a user does not manage, individually, to download the complete original file does not prevent said user from making available to his or her peers the parts of that file that he or she has managed to download to his or her computer, thereby contributing to a situation where all users participating in the swarm ultimately have access to the complete file.
Moreover, any user of the peer-to-peer network in question who has not deactivated the upload function of the BitTorrent client sharing software uploads to that network the parts of the multimedia files which he or she has previously downloaded to his or her computer. Provided that it is clear, which it is for the referring court to verify, that the users in question have decided to use that software and have given their consent to its application after having been duly informed of its characteristics, those users must be regarded as acting in full knowledge of their conduct and of the consequences which that conduct may have.
The CJ notes that the computers of those users sharing the same file constitute the peer-to-peer network itself, known as the 'swarm', in which they play the same role as servers in the operation of the World Wide Web.
It is also clear that such a network is used by a considerable number of people, as may be seen from the large number of IP addresses registered by Mircom. Moreover, those users can access, at any time and simultaneously, the protected works shared via that platform. Consequently, that making available is aimed at an indeterminate number of potential recipients and involves a considerable number of persons.
With the above in mind, the Court, after an exhaustive review of the existing case-law on making available and peer-to-peer networks, answers the first question referred for a preliminary ruling by stating that Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the uploading, from the terminal equipment of a user of a peer-to-peer network to the equipment of other users of that network, of parts, previously downloaded by that user, of a multimedia file containing a protected work, even though those parts can only be used in themselves from a certain download rate, constitutes making available to the public within the meaning of the aforementioned provisions. It is irrelevant that, as a result of the configuration of the BitTorrent client sharing software, it is the software itself which automatically generates that upload, if the user, from whose equipment that upload takes place, has decided to use that software and has given his or her consent to its application after having been duly informed of its characteristics.
By its second question, the referring court asks, in essence, whether Directive 2004/48 must be interpreted as meaning that a person who is contractually the holder of certain intellectual property rights which said person does not, however, use himself or herself, but merely claims damages from alleged infringers, may benefit from the measures, procedures and remedies provided for in Chapter II of that directive.
The CJ clarifies that this question consists of three parts, namely, first, relating to the legal standing of a party such as Mircom to seek the application of the measures, procedures and remedies provided for in Chapter II of Directive 2004/48; second, whether such a party may have suffered prejudice within the meaning of Article 13 of that Directive; and, third, whether said party’s request for information is admissible in accordance with Article 8 of the Directive, read in conjunction with Article 3(2) thereof.
The judgment, after accepting Mircom's standing, warns that in the event that a holder of intellectual property rights chooses to outsource the recovery of damages to a specialised undertaking by means of an assignment of claims or another legal act, he or she should not be treated less favourably than another holder of the same kind of rights who has opted to assert those rights personally.
With regard to the third part of its second question, the referring court essentially has doubts as to the admissibility of Mircom's request for information, made pursuant to Article 8 of Directive 2004/48, as Mircom does not make serious use of the rights which it acquired from the film producers at issue in the main proceedings. Furthermore, it must be understood that, by referring to the possibility of branding Mircom a 'copyright troll', the referring court essentially raises the question of the existence of a possible abuse of rights by that company.
In this regard, the referring court appears to doubt that Mircom intended to bring an action for damages, as there are strong indications that normally it simply proposes an amicable settlement with the sole aim of obtaining a lump sum of damages of 500 euros.
However, the judgment states that a request for information such as Mircom's, made at a pre-litigation stage, cannot, for that reason alone, be considered inadmissible. But that does not mean that it cannot be considered abusive.
According to the judgment, the possible finding of such an abuse falls entirely within the scope of the assessment of the facts of the main proceedings and, therefore, falls within the jurisdiction of the referring court. To that end, the referring court could, inter alia, examine the way in which Mircom operates, analyse the manner in which it proposes amicable solutions to alleged infringers and verify whether it actually brings legal actions in the event that the amicable solution is rejected. It could also examine whether, in the light of all the particular circumstances of the present case, it is apparent that Mircom is in fact seeking, under the guise of proposing amicable solutions to alleged infringements, to obtain financial gain from the mere membership of the users concerned in a peer-to-peer network such as the one at issue in the present case, without specifically seeking to combat the copyright infringements which that network causes.
In that context, the CJ answers the second question referred for a preliminary ruling by stating that Directive 2004/48 must be interpreted as meaning that a person who is contractually the holder of certain intellectual property rights which said person does not, however, use himself or herself, but merely claims damages from alleged infringers, may, in principle, benefit from the measures, procedures and remedies provided for in Chapter II of that directive, unless it is established, in accordance with the general obligation laid down in Article 3(2) of the directive and on the basis of a global and detailed analysis, that the person’s claim is abusive. In particular, in the case of a request for information based on Article 8 of that directive, such a request must also be rejected if it is unjustified or disproportionate, which is a matter for the referring court to determine.
In answering the third and fourth questions, the Court begins by pointing out that in the main proceedings there are two different types of processing of personal data at issue, namely, one which Media Protector already carried out upstream on behalf of Mircom, in the context of peer-to-peer networks, consisting of recording the IP addresses of users whose internet connections were allegedly used, at a given time, to upload protected works onto those networks, and another which, according to Mircom, must be carried out by Telenet downstream, consisting, first, of identifying those users by matching those IP addresses with those which Telenet had allocated, at the same time, to those users for the purposes of that uploading and, second, of communicating the names and addresses of those users to Mircom.
By its fourth question, the referring court seeks an answer as to whether, in the light of Article 6(1)(f) of Regulation No 2016/679, only the first of the processing operations already carried out may be justified.
Moreover, by its third question, it aims to establish, in essence, whether the circumstances set out in its first and second questions are relevant to the assessment of the fair balance between, on the one hand, the right to intellectual property and, on the other hand, the protection of privacy and personal data, in particular, in the assessment of proportionality.
After a detailed analysis, the CJ answers the third and fourth questions by stating that Article 6(1)(f) of Regulation 2016/679, read in conjunction with Article 15(1) of Directive 2002/58, must be interpreted as not precluding, in principle, either the systematic recording, by the intellectual property right holder and by a third party acting on its behalf, of IP addresses of users of peer-to-peer networks whose internet connections are alleged to have been used for activities infringing intellectual property, or the communication of the names and postal addresses of those users to said right holder or to a third party in order to enable it to bring an action for damages before the civil courts for the harm allegedly caused by those users, provided, however, that the initiatives and requests to that effect of that right holder or of that third party are justified, proportionate and not abusive and have their legal basis in a national legislative measure, within the meaning of Article 15(1) of Directive 2002/58, which limits the scope of the rules laid down in Articles 5 and 6 of that Directive.
3.- Remarks.
It is surprising that a simple case involving the sharing of pornographic films between users of a peer-to-peer network should oblige the CJ to go to such lengths in setting out its arguments and findings (over 130 paragraphs, no less) in which it revisits, qualifies or clarifies the case-law on making available, sharing of works through peer-to-peer networks, processing of personal data or right to information. As in similar cases, purely technical matters concerning the operations underlying the sharing play an important role.
Perhaps of greater interest is the CJ's ruling on "copyright troll" companies that are dedicated exclusively to obtaining compensation on behalf of right holders without carrying out any commercial exploitation. On this phenomenon, as prevalent in the area of copyright as it is in the area of patent rights, the CJ does not seem to be too prejudiced. But it does not receive the judgment’s blessing either.
Even if the activity of the "troll" cannot in itself be disqualified, these undertakings are not exempt from a value judgement as to whether their actions constitute an abuse of rights. On a case-by-case basis and depending on the circumstances and some of the factors that the CJ suggests, the national court will be able to consider whether there is an abuse of rights.
Mabel KLIMT
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