1. Hechos.
BW Trustees y el Sr. Crabtree son titulares de una Marca de la Unión Europea y varias marcas nacionales constituidas por el número “1073” para distinguir “equipos de grabación, mezclas y tratamiento de sonido en estudio” (clase 9). A su vez, AMS Neve es una sociedad inglesa que comercializa en el Reino Unido equipos de audio y es licenciataria exclusiva de la marca objeto de este litigio.
Estas entidades demandaron ante un Tribunal del Reino Unido (Intellectual Property Enterprise Court- que es el designado como Tribunal de Marcas de la Unión Europea-) a la firma Heritage Audioy al Sr. Rodríguez Arribas- ambos con domicilio en España- mediante la interposición de una acción por infracción de las marcas de la Unión Europea y nacionales británicas por el ofrecimiento al territorio del Reino Unido de productos con la marca controvertida.
El Tribunal británico se declaró incompetente en la medida en que la demanda se basaba en una marca de la Unión Europea y, en consecuencia, debía regir el artículo 97.1 RMUE (en la actualidad, artículo 125.1) que señala como tribunal competente el del domicilio del demandado (en este caso, España). Y en el supuesto de que se aplicase el foro alternativo del artículo 97.5 RMUE (actual artículo 125.5) que refiere al Tribunal del Estado miembro en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción, también serían competentes los tribunales españoles, ya que la decisión de realizar la publicidad y oferta de venta de los productos infractores se había tomado en España; y ello, aunque la página web y publicidad referida a tales productos se dirigieran al Reino Unido.
El Tribunal de Apelación “Court of Appeal (England and Wales)(Civil Division)” planteó ante el TJ una cuestión prejudicial en relación con el artículo 97. 5 RMUE (aplicable a los hechos enjuiciados por razón de temporalidad de los hechos enjuiciados) a los efectos de que aclarase como debía interpretarse el párrafo referido a la designación del tribunal competente del Estado miembro en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción; bien como el territorio en el que el demandado había organizado su página web y sus cuentas de redes sociales (España); o bien como el territorio en el que residen los consumidores o distribuidores a los que se destinan la publicidad y la oferta de venta de los productos objeto del litigio (Reino Unido).
2. Pronunciamientos.
El TJ se decantó por la segunda hipótesis y textualmente declaró: “El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica”.
3. Comentario.
La presente sentencia nos aclara una serie de principios interpretativos de la competencia de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea designados en cada país para conocer de los litigios que se susciten en relación con las marcas de la Unión Europea (actuales artículos 123 y 124 RMUE). El primero de ellos es la ratificación de que tales tribunales son competentes cuando se ejerciten acciones por infracción basadas conjuntamente en marcas de la Unión Europea y marcas nacionales del país en cuestión.
El segundo criterio manifestado es el de la confirmación -como foro alternativo- del tribunal del país donde se comete la infracción (actual artículo 125.5 RMUE) frente a los demás foros establecidos en los apartados precedentes de este artículo como, por ejemplo, el del domicilio del demandado, recalcándose que se trata, además, de una alternativa de elección conferida al demandante y de la cual no se le puede despojar.
Ahora bien, el TJ- y esta sentencia en particular- aclara cuales son las consecuencias que tal elección tiene. Así, la sentencia precisa que, si se elige el tribunal del domicilio del demandado, el tribunal tendrá competencia para pronunciarse sobre los hechos de infracción cometidos o que pueden cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro; mientras que si se elige el foro del lugar de la infracción, el tribunal, únicamente será competente para pronunciarse sobre los hechos producidos en el Estado miembro del lugar elegido.
Siguiendo con este razonamiento, la sentencia examina el alcance que debe darse al concepto de “foro alternativo” que subyace en el actual artículo 125.5 RMUE y deja claro que, al tratarse precisamente de un foro alternativo no puede- mediante interpretaciones equivocadas- privarse al demandante de la posibilidad de su elección. Así, si se interpretase que el lugar de la infracción es el del territorio donde el demandado ha adoptado las decisiones y medidas técnicas y de organización de su página web o de presentación de su publicidad y ofertas de venta, sería muy fácil impedir que los titulares de marcas tengan un foro alternativo para el ejercicio de las acciones, pues bastaría con que tales decisiones se hicieran coincidir con el lugar del domicilio del demandado o declarar que las mismas se han tomado desde fuera de la Unión.
En otras palabras, la sentencia destaca la necesidad de que, a la hora de establecer la competencia de los tribunales, haya unas reglas objetivas (como las establecidas en el actual artículo 125 apartados 1 a 4 RMUE) pero, de ninguna forma, se puede soslayar la existencia de un foro alternativo que otorgue al demandante un derecho de elección. Por ello en el presente caso, el TJ- para mantener el efecto útil del foro alternativo previsto en el apartado 5 del actual artículo 125 RMUE- termina afirmando que el lugar donde se comete la infracción es el que coincide con el del territorio a donde se dirige la publicidad y la oferta de venta; a saber: aquel en el que el contenido comercial se hizo- a través de la página web o las redes sociales- accesible de manera efectiva a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado.
Autor: Jesús Gómez Montero. Anuario Elzaburu, Edición 2019 (recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Sentencia del TJUE de 5 de septiembre 2019 EDJ 2019-679551 proveniente de la base de datos NEO. Más información y posibilidad de probar gratuitamente el producto en https://www.efl.es/catalogo/bases-de-datos-juridicas-neo
Versión en inglés:
The EU Trade Mark Courts in the country where advertising or offers for sale are directed and displayed electronically have jurisdiction in cases of infringement of EU trade marks. Judgment of the Court of Justice of 5 September 2019, AMS Neve (C-172/18).
1. Background.
BW Trustees and a Mr. Mark Crabtree are the owners of a European Union trade mark and various national trade marks for the figure "1073" covering "‘sound studio recording, mixing and processing equipment" (class 9). AMS Neve is, in turn, a UK company that sells audio equipment in the United Kingdom and is the exclusive licensee for the trade mark at issue in the proceedings.
The above-mentioned parties brought suit against a Spanish company, Heritage Audio, and a Mr. Rodríguez Arribas, both domiciled in Spain, before the Intellectual Property Enterprise Court in the United Kingdom, the designated EU Trade Mark Court, claiming that the EU trade mark and national UK trade marks had been infringed by the latter parties' offer of goods under the trade mark in dispute within the territory of the United Kingdom.
The UK court ruled that it did not have jurisdiction insofar as the action was based on an EU trade mark, and hence the applicable provision was Article 97.1 EUTMR (now Article 125.1), which establishes that the court having jurisdiction is the court where the defendant is domiciled (in this case, Spain). If jurisdiction were to lie with the alternative forum provided for in Article 97.5 EUTMR (now Article 125.5), the court in the Member State where the infringement had been committed, the Spanish courts would also be the courts having jurisdiction, in that the decision to place the advertising and offer the infringing goods for sale online had been taken in Spain; this notwithstanding that the website and the advertising for the goods were directed at the United Kingdom.
The Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) referred a question relating to Article 97.5 EUTMR (applicable to the events in suit by reason of the time when they took place) to the Court of Justice for a preliminary ruling to clarify the interpretation of the paragraph referring to the jurisdiction of the court in the Member State where the infringement had been committed, i.e., either the territory where the defendant had organised its website and its social media accounts (Spain) or the territory where the consumers or traders at which the advertising and the offer for sale of the goods in suit were directed had their place of residence (the United Kingdom).
2. Findings.
The Court of Justice opts for the second interpretation, finding that: "Article 97(5) of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the [European Union] trade mark must be interpreted as meaning that the proprietor of a European Union trade mark who considers that his rights have been infringed by the use without his consent, by a third party, of a sign identical to that mark in advertising and offers for sale displayed electronically in relation to products that are identical or similar to the goods for which that mark is registered, may bring an infringement action against that third party before a European Union trade mark court of the Member State within which the consumers or traders to whom that advertising and those offers for sale are directed are located, notwithstanding that that third party took decisions and steps in another Member State to bring about that electronic display."
3. Remarks.
This judgment clarifies a series of principles for interpreting jurisdiction by the EU Trade Mark Courts designated in each country to hear actions relating to EU trade marks (current Articles 123 and 124 EUTMR). The first is that those courts have jurisdiction when infringement actions are based on both EU trade marks and national trade marks of the country concerned.
The second is that the court in the country where the infringement has been committed (now Article 125.5 EUTMR) is an alternative forum vis-à-vis other fora referred to above in this review, e.g., the defendant's domicile, and further that the complainant enjoys the right to choose this alternative forum and that the complainant may not be deprived of that right to choose.
In any case, in this judgment in particular, the Court of Justice clarifies the consequences of that choice. Namely, the judgment rules that if the court where the defendant is domiciled is chosen, the court will have jurisdiction to rule on infringements committed or threatened within the territory of any Member State, whereas if the court where the infringement has taken place is chosen as the forum, the court will only have jurisdiction to rule on acts committed in the Member State where the chosen court is located.
In line with this reasoning, the judgment considers the scope of the concept of "alternative forum" in current Article 125.5 EUTMR and makes clear that precisely because it is an alternative forum, misinterpretations may not deprive the complainant of its right to choose. Thus, an interpretation that the place of infringement is the territory where the defendant has taken the decisions and implemented the technical and organisational measures for its website or for placing advertising and offers for sale online would mean that trade mark proprietors could readily be prevented from having any alternative forum in which to take action, since it would suffice to ensure that the decisions were taken in the place where the defendant is domiciled or outside the European Union.
In other words, the judgment holds that there is a need for objective rules (like those set forth in current Article 125, paragraphs 1 to 4 EUTMR) when determining jurisdiction of the courts, but in no case may the complainant be deprived of the right to choose an alternative forum. Therefore, to ensure that the effectiveness of the alternative forum laid down in current Article 125.5 EUTMR is not undermined, in this case the Court of Justice has affirmed that the place where the infringement has been committed is the territory at which the advertising and offer for sale are directed, namely, the territory where the commercial content has been displayed on the website or social media and is effectively accessible to the consumers and traders at which it is directed. Jesús GÓMEZ MONTERO
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