La sentencia de la sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia, hoy confirmada, declaraba probado que el acusado, teniendo conocimiento de la obligación de transferir la cantidad recibida en 2017 a la entidad por él representada, nunca llegó a entregarla a la mercantil, haciéndola propia. Además, el fallo de la resolución, dictada en mayo del pasado año, apreciaba la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas.
El condenado, para el que se establece además un año de inhabilitación para el ejercicio la profesión de Procurador de los Tribunales, deberá indemnizar al querellante con los 140.100,15 euros más los intereses legales.
Contra la sentencia de instancia se presentó recurso de apelación al entender que hubo un error en la valoración de la prueba, alegando el recurrente que lo que se pretendía era una liquidación de cuentas de los créditos que ostentaba contra la entidad querellante por los servicios profesionales prestados en una serie de procedimientos judiciales.
La Sala considera, sin embargo, que ha quedado acreditada la voluntad del acusado de quebrantar la confianza de la mercantil y de incorporar definitivamente dicha suma a su patrimonio. Así, en la resolución se enumeran una serie de datos que, a su vez, “evidencian que el relato exculpatorio del recurrente sobre una negociación en curso con la entidad querellante para la liquidación de créditos recíprocos no se compadece con la secuencia fáctica que resulta la prueba practicada”. Entre ellos: el acusado facilitó al juzgado su cuenta bancaria personal para que transfiriera el precio del remate sin tener autorización para ello de la mercantil; hasta en ocho correos electrónicos sucesivos, desatendió los requerimientos de información y de entrega del dinero que le efectuó la querellante; o que, lejos de plantear sus pretensiones de liquidación de créditos recíprocos, en un correo electrónico el acusado negó expresamente haber recibido el dinero del juzgado, “amparando su ilícita apropiación en una -en este caso- inexistente lentitud de la Justicia” (la transferencia se había ya efectuado dos meses después de presentar su escrito).
Frente a esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
TSJ de Murcia. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 39/2024 de 26 de diciembre de 2024.
